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Bahía Blanca. La embestida de Macri por menores costos amenaza llegar al puerto local
(02/10/2017)

Adrián Luciani

A los cambios instrumentados en el atraque de los metaneros se suman ahora las críticas contra los servicios de practicaje en todo el país.

Dando muestras de que su embestida contra la cartelización de determinadas actividades va muy en serio, y en el marco de una política que podría tener impacto en el sistema portuario de Bahía Blanca, el presidente Mauricio Macri les puso nombre y apellido a quienes, según su opinión, encarecen sin causa la cadena logística del comercio exterior.

Al referirse al accionar del recientemente detenido sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina, Macri dirigió la mirada hacia el sector marítimo y señaló al empresario naviero Miguel Doñate y al titular de la Asociación de Prácticos de la República Argentina, capitán de Ultramar Oscar Leguizamón, para cuestionar lo considera parte de un “sistema mafioso” que atenta contra la competitividad.

Incluso disparó contra los nombrados, acusándolos de encarecer sin causa los costos de la cadena logística del comercio exterior.

“Yo le digo al señor Doñate, al señor Leguizamón, ¿por qué tenemos que pagar tres veces más que en el resto del mundo?”

El embate contra los prácticos fue lanzado hace unos días en el acto por el Día de la Industria, donde Macri sorprendió reclamándole a Doñate por el excesivo costo del servicio de practicaje, el cual tiene carácter obligatorio.

En Bahía Blanca las firmas que cumplen con esta tarea de asesorar a los capitanes de buques a transitar por aguas peligrosas o canales e ingreso y salida de puertos, son dos: ESEM y Don Mar.

Según publica Infobae.com, la respuesta del empresario no se hizo esperar y mediante una dura pero respetuosa solicitada intentó aclarar que su actividad empresarial en lo que se relaciona con el sector del practicaje es minoritaria.

Dijo, además, que no integra la cámara que agrupa a la actividad y se manifestó como adherente al modelo político de Cambiemos. En privado, tendió toda clase de puentes para intentar aclarar las cosas cara a cara con el Presidente.

Doñate considera que no hay posibilidad de diálogo con las actuales autoridades del área de Transporte Marítimo Nacional, los oficiales de la Marina Mercante Jorge Metz y Gustavo Deelesnyder (este último también práctico y recientemente denunciado por presunto lavado de activos por Doñate).

Sin embargo, pocos días después, al encabezar un acto en el que lanzó las Sociedades por Acciones Simplificadas, una forma jurídica que permite crear una empresa en 24 horas, Macri renovó el ataque contra los marítimos, al agregar a la lista de “responsables de la ineficiencia” al presidente de la Asociación de Prácticos de la República Argentina, el ya citado Leguizamón.

Respuesta al presidente

En diálogo con el citado diario porteño, el representante de los prácticos aclaró que la Asociación es un organismo de carácter profesional y no gremial.

“No negociamos paritarias ni convenios de trabajo. Los prácticos son profesionales privados que si bien realizan un servicio público, pactan sus servicios con empresas privadas sin costo alguno para el Estado”, sostuvo.

La intención oficial de abaratar la cadena logística con el propósito de mejorar la competitividad del comercio exterior argentino y de generar rebajas de precios que efectivamente lleguen al consumidor, gozó en principio de total apoyo de todo el arco gremial y empresario del sector, pero los métodos con los cuales se han querido introducir cambios vienen generando cortocircuitos.

Uno de los primeros rubros en recibir el mote de “sector cartelizado” fue el de las empresas de remolcadores que operaban en los puertos de Escobar y Bahía Blanca en las maniobras de atraque y zarpada de los famosos buques gaseros que operan en el país desde 2008.

En medio de acusaciones cruzadas, desde la actual cartera de transportes se procedió a la importación de naves pertenecientes a la naviera multinacional “Maresk” que negoció con los sindicatos marítimos convenios laborales más laxos que los que aplican a las empresas locales. Si bien esto redundó en una rebaja de costos a las empresas gasíferas, el ahorro no se trasladó a precios.

Luego el equipo de Guillermo Dietrich requirió a los prácticos rebajas de hasta un 50% en sus honorarios, pero como contrapartida los marinos enrostraron al gobierno las severas falencias del sistema de canales y señalización con el que deben lidiar a diario, más una legislación severa que hace al practico solidariamente responsable por cualquier daño que pueda ocasionar a los buques que conducen a puerto. incluida su carga y tripulación.

“Nos prometieron liberarnos de esta responsabilidad pero el proyecto de ley en tratamiento acaba de ser bajado de agenda por el propio Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó”, agregan los prácticos.

Hace un par de días en Puerto Madryn se celebró una reunión entre referentes portuarios y empresarios en las que el miembro del practicaje aludido por el Presidente expresó:

“Hace algunas semanas Macri hizo alusión a los prácticos señalando que ganaban demasiado y pidió que dejen de lado intereses personales. Obviamente, estas declaraciones cayeron muy mal en el sector.

“Está muy mal informado, pésimamente asesorado, incluso sabemos quién le habrá llevado el mal chisme. Yo, con ese criterio, podría decirle que los ingenieros ganan demasiada plata, pero la estadística indica que se caen más edificios que barcos que se chocan contra nuestros puertos, pero no quiero entrar en esa discusión”.

Asimismo, aclaró que “sobre 30 decisiones que tomamos, tenemos que acertar en las 30. No podemos acertar en 28 y en la última dar media marcha atrás y llevarnos el muelle por delante”.

Sector de la estiba

Pero los embates del gobierno contra estos sectores no son los únicos, ya que ahora también empujó al gremio que concentra la estiba en Rosario a aceptar la competencia de empresas rivales tras décadas de monopolio, lo que permitirá reducir costos a los exportadores tras una licitación que comenzará en los próximos días.

Con esta la licitación en las localidades de Puerto General San Martín y Timbúes el Gobierno espera acabar con el prolongado monopolio que tiene una cooperativa controlada por el mismo gremio de estibadores y que aplicaba altas tarifas para el servicio.

Si bien no precisó la fecha para la licitación, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) señaló que la invitación a las empresas para entrar a la competencia sería en los próximos días.

“La Cooperativa (de Trabajos Portuarios) asumió el desafío que el Estado le estaba imponiendo”, dijo a la agencia internacional de noticias Reuters Jorge Metz, subsecretario nacional de Puertos y Vías Navegables.

Fuente: lanueva.com 


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