El transporte entre puertos del país, reservado a la flota nacional desde 1944, quedará abierto a buques de bandera extranjera, con excepciones para la pesca, los combustibles y el remolque de maniobra. El texto pasa ahora a Diputados.
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El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Cabotaje en la madrugada de este viernes. El proyecto, impulsado por las senadoras Carolina Moisés (Convicción Federal) y Silvana Schneider (UCR), permite que buques de bandera extranjera transporten carga entre puertos argentinos. Hasta ahora, esa actividad estaba reservada a la flota nacional. La votación terminó 42 a 24, sin abstenciones, y el expediente pasa a la Cámara de Diputados, que todavía no informó fecha de tratamiento.
¿Qué cambia en el transporte entre puertos?
El cambio recae sobre una regla que viene del Decreto-Ley 19.492 de 1944: su artículo 1 reservaba el cabotaje nacional a barcos argentinos, y los permisos para buques extranjeros eran excepcionales. La reforma redibuja ese reparto: el cabotaje podrá ser realizado por buques de bandera argentina o extranjera, sin autorización especial para cada operación.
El esquema alcanza a la Hidrovía Paraguay-Paraná, el río Uruguay y la costa atlántica hasta Ushuaia, y a cargas como granos, fertilizantes, contenedores, madera y arena.
El proyecto define como cabotaje la carga cuyo origen y destino final están en el país. Si uno de los dos extremos está en el exterior, se trata de transporte internacional y puede realizarse bajo cualquier bandera, sin autorización previa, aunque el buque haga escalas en puertos argentinos. Un mismo viaje o convoy podrá combinar ambos tipos de carga, y el reposicionamiento de contenedores vacíos no se considera cabotaje.
Los contenedores, además, se incorporan al régimen de admisión temporaria, y el texto prevé el despacho en origen y el removido digital para agilizar las operaciones.
Las actividades que siguen reservadas a la bandera argentina
La reforma mantiene la exclusividad de la flota nacional en siete actividades:
- Pesca: continúa reservada a buques argentinos.
- Combustibles: el transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos sigue en manos de la bandera nacional, con excepción del gas natural licuado (GNL).
- Remolque de maniobra: el que asiste a los buques oceánicos en las operaciones de puerto.
- Lanchas de prácticos: los servicios que acercan al práctico a los buques.
- Navegación deportiva: queda fuera de la apertura.
- Pasajeros y vehículos: en embarcaciones de hasta 500 unidades de arqueo bruto, salvo los servicios con origen, escala o destino en el extranjero.
- Apoyo offshore: las tareas de asistencia a la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera.
Tripulaciones, controles e incentivos
Si la legislación del país de bandera lo permite, los armadores extranjeros podrán incorporar tripulantes de otras nacionalidades. Una vez cumplidos 180 días desde el inicio de las operaciones de cabotaje, deberán priorizar de manera gradual a argentinos o residentes permanentes.
Los buques de empresas controladas por un Estado extranjero podrían requerir autorización previa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Para los armadores nacionales, el texto prevé eliminar el impuesto a los combustibles líquidos y el gravamen al CO₂ sobre el combustible usado en el cabotaje que se abre a la competencia. También contempla una alícuota del 25% en Ganancias y amortización acelerada de inversiones.
Dos dictámenes y un debate de madrugada
Las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda empezaron a tratar el tema el 28 de octubre, con dos proyectos sobre la mesa. Uno, el de Moisés, liberaliza el cabotaje. El otro, del senador Jorge Capitanich, crea el Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN) para fortalecer la flota argentina.
Hubo un dictamen de mayoría y otro de minoría, presentado el 12 de noviembre por Capitanich y José Neder. Ese segundo texto planteaba que los buques extranjeros operaran solo de forma excepcional, cuando no hubiera unidades nacionales disponibles, con permisos de hasta 365 días y tripulación argentina en los buques del registro.
El 18 de noviembre, senadores de distintos bloques se reunieron con sindicatos navieros y anunciaron cambios de redacción para lograr un texto de mayor consenso. Ya en el recinto, la bancada peronista pidió devolver el proyecto a comisión y la moción fue rechazada por 41 votos contra 25. José Mayans y Marcelo Lewandowski cuestionaron que se hubieran modificado unos 20 artículos sin pasar por comisión.
¿Por qué el Norte Grande impulsó la reforma?
Moisés sostuvo que la iniciativa nació del reclamo de los gobernadores del Norte Grande, que se preguntan por qué sus provincias deben pagar para llegar al puerto de Buenos Aires. Para la senadora, es «un consenso de todos los gobernadores» y no perjudica a ese puerto.
Schneider señaló la falta de un transporte fluvial nacional competitivo. Según su estimación, con el mismo precio de referencia, el productor chaqueño recibiría cerca de 24% más por tonelada si pudiera exportar desde su propio puerto. La misionera Sonia Rojas Decut acompañó el proyecto y recordó que la regulación tiene más de 80 años y que la mayor parte de la carga viaja por carretera.
Desde el oficialismo, Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza, Chaco) describió la norma como una liberalización y no como una desregulación masiva. Recordó que la última barcaza que salió de Barranqueras fue en 2021 y pidió reglas claras para atraer inversiones.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, aportó una cifra oficial: desde 2018 hubo unos 540 pedidos de excepción para operar cabotaje con buques extranjeros, más del 98% autorizados, con demoras de hasta 90 días. Según el funcionario, la ley convierte esa excepción en regla.
Las objeciones: empleo, industria naval y falta de comisión
Capitanich advirtió sobre una apertura indiscriminada y sobre el impacto en el empleo y en la industria naval. Afirmó que defender el trabajo y la logística integrada del cabotaje fluvial «no significan desregular para destruir la industria», y señaló que sindicatos navieros no pudieron participar del debate. Según su exposición, 105 de los 131 países ribereños restringen su cabotaje. También propuso renegociar el tratado de la Hidrovía antes de avanzar.
En los días previos a la sesión, gremios marítimos y cámaras navieras habían manifestado su rechazo al proyecto, con foco en el empleo nacional y en las diferencias impositivas y laborales con otras flotas.
Qué viene ahora
El proyecto llega a Diputados sin fecha de tratamiento informada ni giro a comisiones conocido. Si la Cámara lo aprueba sin cambios, será ley. Si introduce modificaciones, deberá volver al Senado.











