La Dirección de Aduanas informó a las empresas por haber llevado adelante maniobras a través de las cuales abonaron menos retenciones por exportaciones de soja previamente importadas desde Paraguay.

La Aduana intimó a grandes cerealeras por haber realizado una maniobra para pagar menos retenciones en las exportaciones de productos elaborados con soja importada de Paraguay. Dicho mecanismo fue utilizado en 2020, 2021 y 2022 y la deuda alcanza los 50 millones de dólares.

Las empresas que fueron intimadas por el Gobierno Nacional son COFCO, Cargill, Bunge y LDC Dreyfuss, cuatro gigantes del agro. 

La maniobra era la siguiente: tomaron un decreto del año 2004, el 1330, destinado aún régimen específico de importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo.

Luego, al precio oficial le descontaban el 31% de retenciones a las exportaciones y sobre el número resultante le aplicaban la alícuota de derechos de exportación.

Sin embargo, mediante el DNU 654 (del año 2002) se dispuso que “respecto a las exportaciones provenientes de una importación temporaria, los exportadores deberán registrar la DJVE correspondiente al día del cierre de la venta o hasta el primer día hábil siguiente. De acuerdo a lo establecido en las normas vigentes”.

Frente a este escenario, la Aduana le informó a las empresas que cumplan con el pago de los derechos de exportación pendientes y que tendrán un plazo de 15 días para hacer un descargo sobre el tema.

Desde Aduana subrayaron que la normativa que emana del decreto 1177/02 es específica para la importación temporaria de mercaderías que serán destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo.

El dinero que debe cada empresa:

  • COFCO: 14.750.000 de pesos.
  • Cargill: 27.050.000 de pesos.
  • Bunge: 7.000.000 de pesos.
  • LDC Dreyfus: 3.730.000 de pesos.

Fuentes de la Aduana aclararon a Página 12 que “para la actual conducción, la importación temporal de soja es una medida acertada en la medida que permite tener en funcionamiento, y potenciar, la capacidad industrial del polo agroexportador argentino y mejorar el valor agregado“.

Y dijeron que “no tiene sentido económico ni sustento legal que esté en mejores condiciones -respecto de la base de tributación de derechos de exportación- la exportación de derivados de soja temporal respecto de la exportación de derivados de soja de los productores argentinos“.

En 2018, se importaron de Paraguay 5,8 millones de toneladas, en 2019 bajó a 3,8 millones de toneladas, producto de la caída en la producción previa, lo que obligó a importar más en los años siguientes, que son precisamente los que Aduanas investigó y sobre los que intimó a Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss.

Con información de: A24/IProfesional/Ambito/ Página12