La actividad de embarque en el puerto de Concepción del Uruguay quedó paralizada por un conflicto gremial que enfrenta a dos sectores de la estiba con disputa por la competencia y la legalidad de representación en esa terminal y en el puerto de Ibicuy, según informó URCEL Argentina en un comunicado difundido este martes.
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La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo que involucra a la empresa URCEL Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) – Puerto Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786. La medida se adoptó ante un escenario de tensión en el puerto local, que incluía el anuncio de posibles medidas de fuerza y denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.
La conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026, y busca preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo. Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa y asegurar la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias al personal involucrado en el conflicto.
Como parte del proceso, la Secretaría convocó a las partes a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, con representantes con poder de decisión suficiente.
La posición institucional del puerto: contener la escalada y garantizar continuidad operativa
Desde el ámbito portuario y provincial, el conflicto quedó formalmente encuadrado como un diferendo colectivo de trabajo que requiere intervención del Estado para ordenar el proceso y evitar un impacto mayor en la operatoria.
En esa línea, la conciliación obligatoria apunta a bajar el nivel de tensión, sostener el funcionamiento del puerto y abrir un canal formal de negociación que permita encauzar reclamos y compromisos dentro de un marco de previsibilidad.
El mensaje institucional pone el foco en la continuidad de una actividad sensible para la región, en tanto el puerto constituye un eslabón clave para exportaciones, servicios logísticos y empleo asociado, directo e indirecto.
El comunicado de URCEL: denuncia obstrucciones y afirma que se trata de una disputa sindical ajena a la empresa
Por su parte, URCEL Argentina difundió un comunicado público en el que afirmó que durante los últimos días se produjeron “desmanes” que obstruyeron la actividad portuaria e impidieron el ingreso de camiones y de personal que debía intervenir en la operativa.
La empresa explicó que esta situación provocó la paralización por dos días de las tareas de embarque previstas para iniciarse el sábado 24 de enero, con impacto sobre el buque Días Well, mientras que un segundo buque, el African Piper, permanecía en espera de ingreso al puerto.
En su posicionamiento, URCEL sostuvo que el conflicto “es ajeno a la empresa y sus trabajadores” y lo atribuyó a un litigio entre dos gremios de la estiba que se disputan competencia y legalidad en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy.
La compañía expresó además que prioriza la paz social y la defensa del empleo portuario local, y manifestó su expectativa de que las autoridades competentes arbitren mecanismos para alcanzar una solución definitiva que evite nuevas interrupciones.
En esa línea, la empresa remarcó que desde 2018 sostiene de forma ininterrumpida actividad portuaria en Concepción del Uruguay e Ibicuy, con impacto sobre el empleo directo e indirecto vinculado al sector forestal, y que ha operado cumpliendo acuerdos de remuneración —bancarizados— y las normas vigentes de seguridad laboral.
Lo que plantean los sindicalistas: representación, asignación de personal y encuadre convencional
Del lado sindical, el conflicto se interpreta en torno a puntos que suelen ser sensibles en la dinámica de trabajo portuario: el reconocimiento de la representación gremial efectiva, la organización y asignación de personal en la operatoria y el cumplimiento del convenio colectivo aplicable.
En ese marco, las demandas planteadas por el sindicato incluyen contar con reglas claras sobre encuadre laboral y mecanismos de organización del trabajo que eviten tensiones recurrentes ante cada ventana operativa relevante.
Desde URCEL, en tanto, afirman que el conflicto se origina en una disputa entre dos representaciones gremiales. Del lado sindical, por su parte, el SUPA —con respaldo de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA)— denuncia que la empresa estaría operando con personal encuadrado a través de una estructura gremial externa a la jurisdicción del puerto.
Un desafío que excede a las partes: previsibilidad logística y gobernanza del trabajo portuario
Más allá de las posiciones, el episodio vuelve a exponer un factor estructural que impacta sobre la competitividad regional: cuando los conflictos de representación o encuadre se trasladan al muelle, el efecto se proyecta rápidamente sobre exportadores, transportistas, terminales, depósitos y prestadores de servicios, afectando plazos, coordinación de camiones, cumplimiento de contratos y disponibilidad de buques.
En ese sentido, la conciliación obligatoria aparece como una herramienta necesaria para restablecer condiciones mínimas de normalidad, pero también como una oportunidad para avanzar hacia acuerdos más estables, que permitan sostener empleo y estándares de seguridad sin poner en riesgo la continuidad de una actividad estratégica para las economías regionales.
