Hoy lunes se presentará en Rosario un informe de gestión sobre el estado de situación actual de la concesión de la hidrovía.

El Consejo Federal de la Hidrovía, creado en diciembre último y presidido por el Ministro de Transporte Mario Meoni, tendrá su primer plenario hoy lunes en la sede del gobierno santafesino en Rosario. El organismo está integrado por representantes de los ministerios del Interior, Desarrollo Productivo, además de representantes de las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Junto a estos miembros, están invitados organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindicales y otros entes u organismos públicos o académicos con interés en la materia.

El consejo funciona como un espacio asesor de coordinación política y estratégica para la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y brindará asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión de la obra pública por peaje de la vía navegable troncal, y en este primer encuentro hará su presentación formal, enunciación de sus objetivos; el informe de gestión sobre el estado actual de la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná por parte del Ministerio de Transporte, y la convocatoria de la próxima reunión.

La reunión se da en medio de polémicas, protestas y cierta tensión política en torno de la licitación del dragado y balizamiento de la hidrovía. Entre hipótesis y teorías conspirativas, se habla no sólo de una prórroga de la concesión a los actuales concesionarios (Jan de Nul y Emepa), sino del armado de un pliego, licitación y adjudicación en tiempo récord hasta la estatización de la vía navegable.

Es que a tres meses del vencimiento del actual contrato de administración, lo único concreto es la vigencia del decreto 949, firmado en noviembre pasado, que autoriza el llamado nacional e internacional. La versión de una prórroga tiene su asidero en el artículo cuarto del decreto 949/2020, el cual autoriza al Ministerio de Transporte a “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la hidrovía hasta que el nuevo concesionario asuma la operación del servicio”. Sin embargo, en declaraciones periodísticas el presidente Alberto Fernández dejó en claro que “hay una decisión política y es que la hidrovía se licite y se haga una nueva concesión”.

El mandatario agregó que “en ese análisis está la idea de hacer el dragado para el canal Magdalena para mejorar el funcionamiento del Río de la Plata como un puerto de aguas profundas”. Esto último lo dijo en alusión a los cuestionamientos del senador nacional Jorge Taiana (FdT-Buenos Aires), quien presentó hace algunas semanas un pedido de informes a Meoni sobre el proceso de concesión de los trabajos en la hidrovía, que acompañó con el pedido de conformar una comisión bicameral de seguimiento.

En paralelo, se conoció la crítica del ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, Horacio Tettamanti, quien pidió incluir en la licitación los trabajos para acondicionar el canal Magdalena. Se trata de una ruta alternativa al canal de Punta Indio, que hoy por hoy es la principal entrada a los puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay.

Tettamanti consideró que sin esa “salida directa al mar”, que empodera al puerto de La Plata, la soberanía argentina está “en peligro”. Y en ese punto, advirtió que ese proyecto corre peligro si se licita el dragado en la hidrovía en los términos del decreto 949/20. El jueves un grupo de organizaciones lideradas por la Asociación de Trabajadores del Estado, realizó una movilización en Buenos Aires en respaldo del canal Magdalena y en contra de la norma instrumentada por Transporte para llevar adelante la licitación de la hidrovía.

Desde la agrupación Azul y Blanca de Obreros Navales, que integra el Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon) solicitaron la derogación del decreto 949/20, y apoyaron el pedido de informes de Taiana. Pidieron que “el gobierno a través de las instituciones estatales y los mecanismos de administración federal y soberana se haga cargo de la hidrovía” y que su dragado quede “en manos nacionales”.

El Foro por la Recuperación del Paraná, también brega “por una empresa estatal a cargo de la hidrovía” y por la derogación del decreto 949/20, y convoca a una manifestación mañana a las 10 en la plaza San Martín, frente a la sede de gobierno donde se realizará el plenario del Consejo Federal de la Hidrovía.

Por su parte, el sindicato del personal de Dragado y Balizamiento, liderado por Juan Carlos Schmidt, llamó a calmar las aguas. Si bien se expresó a favor de la construcción del canal Magdalena, consideró “aventurado suponer que la sola apertura de un canal de navegación constituye la recuperación de la soberanía en el área”. A través de un comunicado, el gremio dejó en claro que seguirá defendiendo a los “más de 800 trabajadores argentinos (directos e indirectos) que operan las dragas, balizadores, lanchas hidrográficas y talleres” en la actual concesión.

El titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, reclamó la participación de la provincia “en la mesa de decisiones” respecto de la nueva licitación de la hidrovía. Opinó que es necesaria “una prórroga lo más breve posible, para que el proceso licitatorio público e internacional se haga de manera transparente y garantizando los intereses del interior y de Santa Fe, en particular”.

Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del segundo encuentro sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná organizado por la Cámara baja. En ese marco, Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, cuestionó los pliegos que “iban a ser elaborados por una sociedad del Estado donde estaban las provincias y ahora van a ser elaborados por la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación”.

Listado completo de los organismos invitados a participar del Consejo Federal Hidrovía:

Ministerio de Defensa de la Nación; Ministerio de Seguridad de la Nación; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; Prefectura Naval Argentina; Servicio de Hidrografía Naval; Instituto Nacional del Agua; Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina; Universidad Nacional de San Martín; Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Rosario; Universidad Nacional del Litoral; Universidad Nacional de La Plata; Universidad Nacional del Nordeste; Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad Tecnológica Nacional; Consejo Federal de Inversiones; Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, cuatro (4) representantes; Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante; Unión Industrial Argentina, dos (2) representantes; Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; Consejo Portuario Argentino; Cámara de Puertos Privados Comerciales; Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; Cámara Naviera Argentina; Federación de Empresas Navieras Argentinas, tres (3) representantes; Confederación Argentina de la Mediana Empresa; Confederación Intercooperativa Agropecuaria; Confederaciones Rurales Argentinas; Sociedad Rural Argentina; Asociación Argentina de Ingeniería Naval; Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios; Asociación Civil Prácticos República Argentina; Centro de Navegación Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Bolsa de Comercio de Santa Fe; Fundación Humedales; Fundación Taller Ecologista; Fundación Cauce Ambiental; Unidad de Información Financiera; Confederación General Económica; Intersindical Marítima Portuaria; Foro de Localidades Portuarias de la Provincia de Santa Fe; Municipio de Rosario (Provincia de Santa Fe); Municipio San Lorenzo (Provincia de Santa Fe); Municipio de San Martin (Provincia de Santa Fe); Comuna de Timbúes (Provincia de Santa Fe); Movimiento Arraigo y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Fuente: La Capital, por Lizi Dominguez y BCR Nexw

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