El Poder Ejecutivo no resignará mansamente su objetivo de desmantelar a la industria argentina tras su fallido proyecto de ley “ómnibus”, por lo que este es el momento clave para que los actores nacionales marítimos, fluviales, pesqueros, portuarios y de la industria naval consoliden su agenda parlamentaria tras el éxito obtenido por la Multisectorial de la Pesca en la eliminación del capítulo que pretendía modificar el actual Régimen Federal de Pesca.
El 27 de diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley “ómnibus”, incluyendo doce artículos que desguazaban el actual Régimen Federal de Pesca establecido por la Ley 24.922.
De haberse aprobado, estos doce artículos hubieran destruido a la industria pesquera nacional, poniendo en riesgo, no solamente los ingresos de más de 100 mil familias que directa e indirectamente dependen de esta actividad en cinco provincias del litoral marítimo argentino, sino también los recursos vivos del ecosistema del Mar Argentino.
Enfrentados a una amenaza existencial, tanto gremios como cámaras empresarias de la pesca y la industria naval, así como los gobernadores e intendentes de nuestro litoral marítimo, manifestaron su rechazo tajante a esta malintencionada iniciativa gubernamental e iniciaron frenéticas gestiones con funcionarios, medios de comunicación y diputados de todos los bloques parlamentarios.
Acorralado por la respuesta contundente de los sectores afectados, el oficialismo ofreció “atenuar” su proyecto de arrasar el Régimen Federal de Pesca vigente, pero las modificaciones “concedidas” eran claramente insuficientes para evitar el colapso del sector pesquero nacional que en el año 2022 exportó US$1.823 millones, constituyéndose así en el octavo complejo exportador del país.
Finalmente, después de muchas vicisitudes, el capítulo sobre la pesca fue retirado del proyecto de ley por el mismo oficialismo, pero la sola presentación del mismo tuvo un efecto devastador sobre la industria naval nacional al crear una enorme incertidumbre en el sector pesquero, puesto que castigaba al armador que utiliza en su faena buques nuevos de construcción local pero no tendría prioridad alguna en el otorgamiento de los permisos de pesca sobre aquéllos que pescaran con barcos usados construidos en el exterior.
Sin embargo, aunque esta nefasta iniciativa pudo ser abortada, los opacos intereses que la impulsaron originalmente volverán a presentar acciones similares en el corto plazo.
Desgraciadamente, en Argentina la sucesión de gobiernos (muchas veces con visiones de estado diametralmente distintas), ya perjudicaron considerablemente a las políticas de largo plazo que son esenciales para la sustentabilidad de los intereses marítimos, fluviales, pesqueros, portuarios y de la industria naval nacional. Estos sectores son estratégicos para nuestro país, dada su potencialidad para generar empleos, ampliar los ingresos de las familias y apalancar el desarrollo socioeconómico regional es inmensa.
Resulta entonces evidente que tales protagonistas del quehacer económico e industrial de nuestro país deben pugnar por una política de Estado que no quede sujeta a la discrecionalidad de la administración de turno, que consolide una legislación capaz de pautar la conducta de las instituciones gubernamentales a mediano y largo plazo, de manera tal de reducir la incertidumbre asociada a sus inversiones.
Esto solo es posible si se instrumentan políticas públicas de largo plazo a través de estrategias plurianuales de planificación, construyendo amplios consensos políticos que cohesionen la estructura social en respeto del imperio de la ley, optimizando así la calidad institucional.
Los actores de los sectores marítimo, fluvial, pesquero, portuario y de la industria naval nacional, más allá de sus diferencias puntuales, deben articular una agenda que incluya el diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo en sus diversas instancias, los gobiernos provinciales y municipales. A esos efectos, es prioritario realizar un estudio pormenorizado del andamiaje legislativo vigente, para poder defender la legislación vigente cuando sea necesario e impulsar nueva que posibilite un planeamiento anticipado de la actividad, una amplia y coherente organización logística y la debida programación de las etapas de producción de las diversas partes y componentes que requieren sus cadenas de valor.
La conformación de la Multisectorial de la Pesca constituyó un primer paso importante para la preservación del sector pesquero argentino, la industria naval nacional y el desarrollo de nuestro país, reuniendo representaciones plurales, pluripartidarias y de todas las provincias de nuestro litoral marítimo.
Pero para que este primer paso sea realmente efectivo debe constituirse en un Frente Parlamentario en Defensa de los Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros, Portuarios y de la Industria Naval Nacional que sea plural, con matices diferentes, más la misma idea de construcción en pos de objetivos nacionales, ya que es clara la interrelación e interdependencia de estos diferentes sectores en particular y en el interés del país en general.
En definitiva, un Frente Parlamentario con agenda multisectorial que actúe en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, de interés público y federal, con carácter partidario transversal al estar integrado por Senadores y Diputados de diversos signos políticos, tendría como objetivo proponer y apoyar iniciativas públicas y privadas que, a partir de la expansión de las cadenas de valor generadas por estos sectores, contribuyan al desarrollo nacional fortaleciendo la participación de la industria local así como al desarrollo científico y tecnológico.
Serían objetivos del Frente Parlamentario en Defensa de los Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros, Portuarios y de la Industria Naval Nacional:
i. Propugnar la exigencia del contenido local en la exploración y explotación hidrocarburífera offshore en lo que atañe a la discusión, implementación y ejecución de políticas públicas (los índices de “contenido local” son el porcentaje de bienes y servicios adquiridos que deben ser de origen nacional, para alcanzar objetivos relacionados al propio desarrollo industrial y tecnológico);
ii. Garantizar la sustentabilidad ambiental para los recursos vivos del ecosistema del Mar Argentino;
iii. Acompañar en el ámbito nacional y provincial las políticas de apoyo a estos sectores, manifestándose en aquellos aspectos que sean relevantes en cuanto a su factibilidad;
iv. Eliminar y/o reducir cargas fiscales para aquellos actores de estos sectores que prioricen el procesamiento y la producción local en sus cadenas de valor;
v. Procurar de forma continua la actualización y desarrollo de legislación referente a políticas nacionales y provinciales sobre los intereses marítimos, fluviales, pesqueros, portuarios y de la industria naval nacional;
vi. Recibir apoyo y asesoramiento de gremios, cámaras empresarias y universidades para los legisladores que integren el Frente Parlamentario;
vii. Discutir, opinar, evaluar y defender los aportes de recursos financieros necesarios para garantizar el desarrollo de los sectores comprendidos;
viii. Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las políticas dirigidas a sus intereses, promoviendo el intercambio con entidades públicas y privadas, gubernamentales y parlamentarias de otros países;
ix. Proponer, acompañar y revisar la legislación en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación que propugne la implementación y priorización de políticas públicas que contribuyan a la expansión y consolidación de cada rubro así como su mayor competitividad en el mercado internacional;
x. Apoyar y auxiliar en la integración interinstitucional y en la articulación entre las entidades públicas y privadas en lo que atañe a las políticas dirigidas a sus intereses;
xi. Fomentar y apoyar la creación de frentes parlamentarios en defensa de estos sectores en los parlamentos provinciales para ampliar el debate sobre las cuestiones regionales;
xii. Colaborar con entidades de trabajadores y empresarios, buscando el perfeccionamiento de las cadenas de valor, promoviendo la cooperación del Honorable Congreso de la Nación con cada área involucrada;
xiii. Fiscalizar y velar por la correcta implementación de las normas y políticas dirigidas a los intereses marítimos, fluviales, pesqueros, portuarios y de la industria naval nacional;
xiv. Realizar un estudio pormenorizado de la estructura legislativa actual en colaboración con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, para poder así sugerir medidas tendientes a que las leyes concernientes sean más seguras y atractivas para los inversores nacionales;
xv. Promover una interconexión más dinámica de los puertos y terminales fluviales del Paraná y el Río de la Plata con los puertos marítimos patagónicos y del sur de la provincia de Buenos Aires;
xvi. Impulsar la profundización, ensanche y balizamiento del Canal Magdalena;
xvii. Realizar un diagnóstico de la matriz argentina de transporte y elaborar un plan con eje en la multimodalidad y en consecuencia determinar la infraestructura requerida;
xviii. Potenciar la proyección antártica nacional así como el ejercicio pleno de los derechos soberanos sobre los recursos del lecho y subsuelo de los 6.581.000 km2 del espacio marítimo argentino, ya que estas actividades son artífices por antonomasia de nuestra presencia territorial.
Los recursos naturales han sido históricamente una fuente de riquezas para las naciones, y como tal deberían ser una bendición para los países en vías de desarrollo como el nuestro. Sin embargo, muchos países ricos en estos recursos no se han visto beneficiados por esta abundancia, sufriendo bajo o nulo crecimiento económico e indicadores sociales negativos.
El mayor desafío para Argentina lo constituye la forma en que los ingresos provenientes de la explotación tanto de sus recursos vivos como minerales resulta en beneficio de nuestro país, lo que solo es posible con el desarrollo e implementación de políticas económicas e industriales nacionales, pensadas y consensuadas a partir de sus propios actores.
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