Por Ariel Armero, Globalports//

En una decisión excepcional, la Justicia en lo Contencioso Administrativo habilitó la feria judicial para atender una medida cautelar presentada por la empresa belga de dragado Dredging Internacional (DEME).  

Este hecho resalta la creciente controversia en torno a la licitación de la Via Navegable Troncal, en la que empresas dragadoras han formulado críticas hacia los términos del proceso.

Las demandas de las empresas dragadoras y sus argumentos

Dredging Internacional, al igual que otras compañías interesadas, ha denunciado una «asimetría de información» en el proceso licitatorio, apuntando a la utilización de datos técnicos generados por los actuales concesionarios, que incluyen estudios del río y reportes técnicos, son replicados en los pliegos de la licitación.

Según DEME, esta situación otorga una ventaja competitiva a dichas empresas al obligar a los nuevos competidores a basarse en información que no ha sido verificada de manera independiente.

“Es imposible realizar un relevamiento técnico exhaustivo en el tiempo otorgado. Extender el plazo solo dos semanas es una medida insuficiente y no aborda el problema de fondo”, señalaron representantes de una de las empresas interesadas. Este argumento pone de manifiesto la necesidad de un mayor plazo para garantizar la equidad en la preparación de ofertas.

Por su parte, Shanghai Dredging, filial de la gigante china Communications Construction Company CCCC, ha calificado como discriminatoria la exclusión de empresas controladas por estados soberanos, una disposición del pliego que limita la competencia y genera dudas sobre su imparcialidad.

Esta cláusula afecta a compañías con capacidad técnica y financiera comprobada, como las chinas, lo que según algunos analistas podría traducirse en menores beneficios para Argentina.

Respuestas a las críticas

Funcionarios vinculados al proceso licitatorio, han respondido que las altas exigencias del pliego son necesarias para garantizar que la concesión recaiga en empresas con experiencia y capacidad comprobada. “Estamos pidiendo un esfuerzo económico y técnico que asegure la operatividad de esta columna vertebral del comercio exterior argentino”, declararon funcionarios de las ex AGP.

Por su parte, Jan de Nul, empresa que actualmente opera el dragado y balizamiento de la vía fluvial, ha defendido la transparencia del proceso y la validez de los datos proporcionados, muchos de los cuales integran los pliegos de licitación que presento el gobierno.

Desde JDN aseguran que las condiciones establecidas en el pliego son razonables y cumplen con los estándares necesarios para garantizar la navegabilidad de la Hidrovía.

Sin embargo, las críticas no se limitan a la falta de información independiente. Las empresas competidoras también cuestionan las exigencias de experiencia previa en dragado continuo y extensiones similares, lo que consideran una barrera que limita la participación.

Además, señalan que el proceso licitatorio no ha pasado por el Congreso ni se encuentra incluido en el listado de firmas autorizadas a privatizar, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia y legitimidad del procedimiento.

Finalmente las firmas internacionales coinciden en criticar el escaso tiempo que el proceso licitatorio deja para el armado de propuestas de una elevada complejidad técnica e incluso alguna de ellas llego a considerar la extención del plazo informada, como una burla.

Una licitación en disputa

Este conflicto pone de relieve un problema estructural que va más allá de los actores involucrados. La falta de mecanismos para asegurar una base de datos común y neutral parece ser un punto débil que requiere atención urgente.

Además, la exclusión de ciertos oferentes plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la necesidad de proteger los intereses soberanos del país con la apertura hacia la competencia internacional. Estas decisiones no solo afectan a las empresas interesadas, sino también al posicionamiento de Argentina como un actor confiable y transparente en el mercado global.

Por último, el manejo de la transición institucional, marcada por vacíos en la gestión operativa y la incorporación de nuevas tecnologías, es otro desafío que puede influir en la percepción de confianza del sector privado. Para que la Hidrovía Paraná-Paraguay cumpla su rol estratégico, será fundamental que el Estado garantice reglas claras y un entorno competitivo que priorice tanto la eficiencia como la equidad.

El juez Enrique Lavié Pico, a cargo del caso, ha solicitado al Estado que presente su descargo para justificar los puntos controversiales del pliego. Las decisiones que tome en los próximos días podrán determinar si el proceso sigue adelante o si, por el contrario, se detiene hasta que se resuelvan las dudas planteadas.

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA)

En paralelo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el proceso de licitación y prepara un informe que será presentado al Poder Ejecutivo.

La PIA ya tuvo un rol clave en 2022, cuando frenó un proceso licitatorio anterior por considerar que las estipulaciones no resistían un “test de razonabilidad” y colisionaban con principios de contratación pública. Este nuevo informe podría influir decisivamente en el futuro de la licitación.

La nueva conducción de la ANPYN

La creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) marcó un cambio importante en la gestión portuaria y fluvial de Argentina, reemplazando a la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos. Sin embargo, este organismo aún en transición ha dejado vacíos operativos en tareas clave como las batimetrías, fundamentales para la seguridad y planificación de la navegación. 

Con este panorama, hay una gran expectativa para conocer cómo la ANPYN liderará la licitación de la Via Navegagle Troncal, que se perfila como un campo de batalla en el que convergen intereses económicos, tensiones políticas y demandas de transparencia en uno de los proyectos más importantes para el comercio exterior de Argentina.

La habilitación de la feria judicial y las crecientes tensiones entre las empresas competidoras y las autoridades gubernamentales reflejan la complejidad y sensibilidad de esta licitación.

Las próximas decisiones judiciales y administrativas serán cruciales para determinar si el proceso puede avanzar en condiciones de equidad y transparencia, o si, por el contrario, necesitará revisiones para garantizar la competencia justa en uno de los proyectos más estratégicos para el comercio exterior de Argentina.