La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a 12 empresas pesqueras españolas y siete estructuras empresariales vinculadas con capitales hispano-isleños abstenerse de realizar operaciones pesqueras sin autorización argentina en los espacios marítimos que rodean a las Islas Malvinas. La medida, impulsada por la Fundación Agustina Lerena, también exige información sobre buques, licencias, volúmenes de captura y destinos comerciales de los productos.
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La resolución judicial del 6 de noviembre de 2026 introduce un nuevo capítulo en la disputa por la explotación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur. La decisión no se limita a la actividad extractiva: comprende distintas etapas de la cadena pesquera y obliga a las compañías alcanzadas a documentar sus operaciones.
El expediente FCR 16446/2026 tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande. La causa comenzó con una demanda colectiva presentada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Salvador Barcesat.
La jueza dispuso que las empresas demandadas se abstengan de capturar especies marinas, procesar productos a bordo, realizar transbordos y descargar pescado sin habilitación argentina. La restricción también comprende el inicio de nuevas temporadas, nuevas mareas y la incorporación de embarcaciones propias, fletadas o administradas por las compañías.
La medida alcanza al mar territorial y a la Zona Económica Exclusiva argentina, incluidos los espacios marítimos que Argentina considera bajo su jurisdicción alrededor de Malvinas, hasta las 200 millas.
Buques, licencias y destinos comerciales bajo requerimiento judicial
Uno de los componentes centrales de la resolución apunta a reconstruir la operatoria de las flotas involucradas. La jueza exigió a las empresas que presenten declaraciones juradas, acompañadas por documentación respaldatoria, dentro de los diez días judiciales posteriores a sus respectivas notificaciones.
El requerimiento incluye la identificación de los buques, sus matrículas y pabellones, las licencias utilizadas, los volúmenes capturados por especie y temporada, los registros de seguimiento satelital, los puertos de descarga y los destinos comerciales de la producción. También comprende contratos, participaciones societarias y relaciones entre los operadores involucrados.
La exigencia permite observar el alcance económico de la investigación. La Justicia busca información sobre quién captura, qué embarcaciones utiliza, dónde descarga y hacia qué mercados dirige los productos.
La resolución también ordena preservar los registros técnicos, operativos, comerciales y societarios vinculados con las actividades investigadas. La documentación deberá permanecer disponible durante el proceso judicial.
Las empresas argentinas también quedan bajo análisis
La causa incorpora otro aspecto que puede tener consecuencias sobre la actividad pesquera nacional: los vínculos comerciales y societarios entre empresas argentinas y operadores que desarrollan actividades en Malvinas.
En este punto, Borruto no concedió por el momento las medidas cautelares solicitadas contra las compañías nacionales. Sin embargo, requirió información sobre sus permisos de pesca, cuotas de captura, declaraciones juradas y antecedentes administrativos.
La investigación toma como referencia los artículos 27 bis y 28 de la Ley Federal de Pesca 24.922, modificada por la Ley 26.386. Esa normativa establece restricciones para empresas que mantienen determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con armadores que operan sin autorización argentina. La legislación contempla la caducidad de permisos y cuotas cuando las autoridades comprueban las infracciones previstas.
Un reclamo económico por más de cuatro millones de toneladas
La demanda de la Fundación Agustina Lerena también reclama una reparación económica y la recomposición del daño ambiental que atribuye a la explotación pesquera en el área. Según las estimaciones presentadas por la entidad, entre 1989 y 2025 las compañías demandadas habrían extraído 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros.
La Fundación calcula el valor de esa producción en US$ 12.351 millones a precios FOB y US$ 26.465 millones a valores mayoristas. Ambas cifras integran el reclamo de la parte demandante y todavía no representan un daño económico reconocido judicialmente.
El planteo también incorpora el impacto sobre especies como el calamar Illex, el calamar Loligo, la merluza común y la merluza de cola. La Fundación sostiene que la explotación sin mecanismos coordinados de administración y conservación compromete recursos pesqueros que se desplazan entre distintas áreas del Atlántico Sur.
El antecedente de Sea Lion amplía el escenario judicial
La decisión sobre las pesqueras tiene un antecedente en el sector energético. El 16 de septiembre de 2026, la misma jueza ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
En ese expediente, la magistrada vinculó la medida con la falta de una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas y dispuso requerimientos de información sobre el emprendimiento.
Ambas causas tienen objetos y fundamentos propios, pero incorporan una misma cuestión: el control de las actividades económicas vinculadas con la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos que Argentina reclama como propios.
La cautelar pesquera tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que las empresas obtengan la autorización argentina o el tribunal disponga otra cosa. Su ejecución respecto de las sociedades extranjeras dependerá de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos correspondientes.
La resolución coloca bajo análisis judicial no solamente la captura de recursos marinos, sino también los circuitos de procesamiento, transporte y comercialización que conectan la actividad pesquera de Malvinas con los mercados internacionales.
