La Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío ASIPES presentó una querella en Juzgado de Garantía de Constitución por los delitos de Pesca Ilegal de Merluza Común y Asociación Ilícita en contra de todos quienes resulten responsables por esta práctica. La acción busca proteger los recursos pesqueros, la sostenibilidad del mar y la pesca artesanal.

Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, enfatizó que estas acciones no buscan perseguir la pesca artesanal, sino que proteger los recursos pesqueros, la sostenibilidad y el trabajo de los pescadores. 

Los pescadores artesanales honestos están a merced de las mafias de la pesca ilegal. Por ello, quiero ser muy clara: estas querellas no son en contra de la pesca artesanal, son en contra de aquellos que no cumplen la ley, no cuidan los recursos y depredan el mar”, manifestó Cepeda.

Acciones legales
De acuerdo a los indicado por Remberto Valdés, abogado del gremio, son varias las razones para recurrir a los Tribunales de Justicia, y se fundan en que diversos informes de universidades y centros de estudios alertan que la pesca ilegal que afecta a la merluza común está fuera de control y que esta práctica terminará por hacerla desaparecer. 

La captura indiscriminada de este recurso puede comprobarse a través de los permanentes decomisos de este recurso pesquero a lo largo de Chile sin acreditación de origen legal (a pesar de que estos corresponden a menos del 2% de la pesca ilegal); el permanente estado de sobreexplotación del recurso,  la inalterable oferta de merluza fresca, incluso en época de veda, y la invariable tendencia a la baja del precio en playa que deben soportar los pescadores artesanales producto de la venta ilegal”, explicó el abogado. 

Antecedentes
Según lo indicado por el gremio, en sesiones públicas del Comité de Manejo de la Merluza Común de las Regiones V a la VIII representantes artesanales de la Región del Maule reconocieron que anualmente extraen más de 50.000 toneladas de merluza, siendo su cuota asignada de 3.267 toneladas (la cuota global del recurso para todo el país es de 30.279 toneladas).

En tanto, en enero de 2021, en Sesión Extraordinaria del Comité Científico Técnico de la Merluza -organismo experto y asesor de la Subsecretaría de Pesca- se emitió un oficio donde le expresa a dicha autoridad que “la principal limitante para la recuperación de la merluza común es un elevado nivel de ilegalidad”. 

Finalmente, Remberto Valdés agregó que “estas enormes cantidades de pescado sin acreditación de origen, además de no pagar impuestos producto de su venta, generan dinero “negro”, el que se estima en unos US$60 millones.  Fuente: Mundo Acuicola

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