GlobalPorts | Puertos y Logística
A una semana de haberse conocido la cuarta prórroga consecutiva del proceso licitatorio para la concesión de la Terminal Quequén, el debate volvió a instalarse con fuerza en el plano portuario bonaerense. Se trata de un proceso que, desde 2022, mantiene en incertidumbre la definición sobre el modelo de gestión futura para uno de los enclaves exportadores estratégicos de la Provincia de Buenos Aires.
La Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén afirmó que la postergación representa un nuevo triunfo de su estrategia de resistencia, tras haber celebrado lo que definió como “cuatro batallas ganadas”. Según expresaron, la continuidad del proceso licitatorio podría habilitar otros 35 años de concesión privada, lo que consideran lesivo para los intereses provinciales. El espacio impulsa una alternativa estatal mediante la creación de una Sociedad del Estado bonaerense que asumiría la explotación de la terminal y participaría directamente en el negocio exportador.
Tensiones alrededor del modelo de gestión
La Asamblea sostiene que una empresa de gestión estatal permitiría recuperar renta portuaria en dólares, evitar presuntas maniobras de evasión y fuga de divisas, y reposicionar la actividad bajo una política que consideran soberana y productiva, apoyando su visión en normas vigentes y en argumentaciones de orden constitucional.
También denuncian irregularidades en el proceso licitatorio, falta de información pública, extensión injustificada del plazo de explotación y potenciales conflictos de intereses dentro del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ).
Entre sus reclamos figuran: la intervención del Consorcio, la nulidad absoluta de lo actuado en el marco del pliego licitatorio y el inicio inmediato del camino institucional para una operadora estatal. “La lucha no ha terminado”, concluyeron en el comunicado que difundieron el 12 de noviembre.
La mirada del sector empresarial y operativo
Desde el plano operativo, la terminal continúa funcionando bajo la administración de Terminal Quequén S.A., en prórroga desde noviembre de 2022, mientras el CGPQ avanza en los borradores del futuro marco contractual. La situación genera inquietud entre actores del sistema logístico, sindical y empresario, especialmente por la duración de la indefinición y su impacto en la planificación de inversiones, la seguridad jurídica y la competitividad frente a otros puertos.
Diversas voces vinculadas al funcionamiento portuario señalaron que la falta de una decisión definitiva provoca una “transición permanente”, lo cual consideran perjudicial para un nodo que superó los 7,7 millones de toneladas de movimiento anual y cuyo contrato original data de los años noventa. En este punto, remarcan que el puerto necesita decisiones claras, previsibilidad normativa, transparencia en el proceso y tiempos ejecutivos razonables.
Dirigentes sindicales y fuentes empresariales afirmaron que no se observa riesgo inmediato sobre el empleo, debido a acuerdos institucionales que garantizan absorción total de la plantilla en un eventual traspaso. Sin embargo, advierten que la indefinición afecta estándares técnicos, la reputación regional y la capacidad de atraer proyectos a largo plazo.
Para algunos referentes del sector, cualquier nuevo esquema deberá asegurar profesionalismo, inversión, estándares internacionales, trazabilidad de cargas y claridad en el modelo de gobernanza, evitando que el debate quede restringido a una pulseada política.
Un cierre abierto para una decisión clave
Puerto Quequén transita una etapa en la que coexisten actividad plena y debate estratégico, lo que configura una paradoja recurrente en infraestructura crítica: se opera mientras se discute su futuro. La controversia sobre la licitación se volvió multidimensional: soberanía productiva, seguridad jurídica, renta estratégica, empleo, transparencia, modernización y eficacia administrativa.
Mientras tanto, el puerto —uno de los más relevantes del sistema agroexportador argentino— continúa en funcionamiento, pero su modelo de gestión para los próximos 30 o 35 años sigue sin resolución definitiva. La pregunta ahora es qué decisión permitirá consolidar competitividad, inversión, control, transparencia y desarrollo regional sostenible.
