Lo que se anunció como un acuerdo histórico entre Uruguay y España para la construcción de dos patrulleras oceánicas por parte del astillero gallego Cardama, se ha convertido en un conflicto diplomático y empresarial de alcance internacional.
Redacción GlobalPorts
El 23 de octubre, el presidente uruguayo Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato firmado en diciembre de 2023 durante el gobierno del Partido Nacional, alegando “indicios muy fuertes de fraude” en la presentación de la garantía de fiel cumplimiento.
La empresa británica Eurocommerce Limited, designada como avalista de un 5 % del contrato —unos 4,7 millones de dólares—, se encontraría en liquidación desde agosto y sin actividad real. Según explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el plazo inicial de 45 días para presentar la garantía se extendió a once meses y fracasaron siete intentos de validación.
El gobierno uruguayo formalizó la denuncia civil y penal ante la Fiscalía, mientras la noticia generaba una fuerte repercusión en Galicia, donde el sector naval representa cerca del 2 % del PIB regional y emplea a más de 13.000 personas de forma directa.
La reacción en Vigo
Desde Vigo, el astillero Cardama reaccionó con sorpresa y cautela. “Nos enteramos por la prensa”, declaró su director general, Mario Cardama, a Faro de Vigo, señalando que no habían recibido notificación oficial del incumplimiento. Según la empresa, una delegación suya se reunió con la ministra de Defensa uruguaya, Sandra Lazo, el pasado 10 de octubre sin que se mencionara ningún conflicto contractual.
El astillero asegura que ya ha cumplido los hitos acordados y recibido alrededor de 30 millones de dólares en pagos por avances de obra. La primera de las patrulleras, según Cardama, tiene el casco completado en un 60 % y los motores Caterpillar encargados, mientras que la segunda se encuentra lista para colocación de quilla.
Mario Cardama afirmó que viajará a Montevideo “para reconducir la situación” y descartó que exista un incumplimiento intencionado. En declaraciones a Onda Cero Vigo, sostuvo que la crisis responde a “razones políticas” vinculadas al cambio de gobierno uruguayo. “Uruguay necesita estos barcos por muchísimas razones: hace 40 años que no construyen uno nuevo, y enfrentan graves problemas de pesca ilegal y narcotráfico”, subrayó.
Consultado sobre alternativas, el empresario reconoció que existe “un plan B” en caso de que el país mantenga su postura: “Hay otro país interesado en dos patrulleras similares y las conversaciones están avanzadas, aunque seguimos esperanzados en resolverlo con Uruguay”.
La noticia ha generado preocupación en todo el tejido industrial de Vigo. José García Costas, accionista del astillero y presidente de la feria Navalia, calificó el episodio como “un incidente con gravedad potencial”. En declaraciones al diario Atlántico de Galicia, advirtió que “si se confirma la ruptura, será malo para todo el naval de Vigo”.
La prensa gallega ha reflejado el impacto de manera inmediata: Faro de Vigo tituló “Uruguay rompe con Cardama y señala indicios muy fuertes de estafa”, mientras Atlántico destacó la inquietud del sector y el viaje inminente del empresario a Montevideo. Otros medios, como La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, subrayaron el carácter histórico del contrato y el golpe reputacional que supone su cancelación.
Hoy, el proyecto se encuentra paralizado y bajo investigación judicial. Mientras el gobierno uruguayo busca determinar las responsabilidades sobre la garantía presuntamente irregular, el astillero gallego insiste en su voluntad de cumplir el contrato y en la posibilidad de reconducir la relación. Entretanto, el eco de la crisis resuena a ambos lados del Atlántico.
