El Poder Ejecutivo suspendió este miércoles los efectos del Decreto 690/2026, la norma que había reformulado el régimen de practicaje y pilotaje. Así lo estableció el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que además restituye la vigencia del reglamento anterior.
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La decisión pone fin, al menos de manera transitoria, a una crisis que afectó la operatoria portuaria desde comienzos de agosto. El conflicto se originó cuando una parte mayoritaria de los prácticos dejó de aceptar nuevos contratos de trabajo, en rechazo a la reforma.
Qué establece el nuevo decreto
El Decreto 716/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei junto a Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. Su artículo 1° suspende los efectos del Decreto 690/2026. Restablece, mientras dure la suspensión, la plena vigencia de las disposiciones derogadas o modificadas por esa norma.
El artículo 2° crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. La integran funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). También participan representantes del sector de practicaje y pilotaje. Su objetivo es alcanzar los consensos necesarios para elaborar un nuevo reglamento del servicio.
El decreto encomienda además al Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura y la ANPYN adoptar las acciones necesarias, según sus competencias. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje.
Los antecedentes de la crisis
El Decreto 690/2026, dictado el 30 de julio, había aprobado un nuevo Reglamento de los Servicios de Practicaje y Pilotaje con el objetivo declarado de eliminar barreras que dificultaban el ingreso de nuevos prestadores a la actividad. Los propios considerandos del Decreto 716/2026 reconocen que, tras su entrada en vigencia, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que generaron «una situación excepcional» y pusieron «en crisis el normal funcionamiento» del sistema.
Esa situación derivó en un cese de actividades por parte de una porción mayoritaria de los prácticos, que durante casi una semana afectó la operatoria en el sistema portuario nacional.
El Centro de Navegación llegó a advertir decenas de buques con el practicaje pendiente de confirmación en distintos puertos, con operaciones redireccionadas hacia Montevideo y el sur de Brasil. Entidades como CIARA-CEC y la Cámara de Puertos Privados Comerciales también reportaron pérdidas económicas asociadas a la parálisis, mientras el sector energético advertía por posibles demoras en la logística vinculada a Vaca Muerta.
En paralelo, distintas asociaciones de prácticos y baqueanos habían iniciado acciones judiciales y denuncias penales contra los funcionarios firmantes del decreto original, al considerar que la reforma había sido dictada sin un proceso previo de diálogo con el sector.
Una mesa de diálogo como salida a la crisis
Según los considerandos del nuevo decreto, la suspensión del Decreto 690/2026 surgió de una reunión entre funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional y representantes del sector, en la que ambas partes acordaron someter a consideración del Poder Ejecutivo un paquete de medidas. Entre ellas, la reactivación regular del servicio, la conformación de la mesa intersectorial y una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje.
Cabe precisar que, si bien estos puntos figuran en los considerandos como parte de lo acordado entre las partes, el texto dispositivo del decreto —es decir, los artículos con fuerza normativa— se limita a la suspensión del Decreto 690/2026 y a la creación de la Mesa de Trabajo. La rebaja tarifaria y la reactivación del servicio no quedaron incorporadas como artículos específicos, por lo que su instrumentación dependerá de los pasos que se definan en el ámbito de esa mesa.
Qué viene ahora
Con la suspensión de la norma cuestionada, el sector vuelve al marco regulatorio que regía antes del 30 de julio, mientras se define en la nueva instancia de diálogo el contenido del reglamento que eventualmente lo reemplace. La composición de la Mesa de Trabajo —que incluye a representantes del sector junto a los organismos de control— apunta a evitar que un nuevo esquema se apruebe sin el consenso de quienes prestan el servicio, un reclamo que había sido central en los cuestionamientos al decreto original.
El desenlace del conflicto será determinante para el funcionamiento de los puertos del Up River, la operatoria vinculada al comercio exterior agroindustrial y la logística energética, todos sectores que habían reportado impactos directos durante las semanas de cese de actividades.
