Por: Nicolas Soldatich (*)
Nota de Opinión
El economista John Maynard Keynes, en su libro Las consecuencias económicas de la paz (1919), advirtió sobre los riesgos de decisiones políticas que desconocieran sus consecuencias económicas y comprometieran la estabilidad de las naciones. Desde perspectivas diferentes, Ludwig von Mises destacó la importancia del comercio internacional y la división del trabajo para la prosperidad, mientras que Friedrich Hayek profundizó sobre el papel del conocimiento y las instituciones en la organización económica.
Estas reflexiones permiten recuperar una idea de Carl von Clausewitz, quien sostuvo que la guerra constituye una continuación de la política por otros medios, estableciendo que la fuerza debe responder a objetivos políticos y no constituir un fin en sí misma.
Si el crecimiento económico y el desarrollo constituyen objetivos estratégicos fundamentales de una Nación, ¿podemos pensar la organización de sus instrumentos de defensa y protección sin considerar las consecuencias económicas de sus decisiones y las capacidades necesarias para alcanzar esos objetivos?
Soberanía, economía y desarrollo
La soberanía no es únicamente un atributo jurídico del Estado ni se manifiesta exclusivamente mediante su capacidad de defensa. También posee una dimensión económica, que se expresa en la posibilidad de aprovechar sus recursos, ampliar sus capacidades productivas, incorporarse a los mercados internacionales y generar las condiciones materiales necesarias para sostener el desarrollo.
Esta distinción adquiere particular relevancia para la Argentina, especialmente en un contexto en el que la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área de las Islas Malvinas vuelve a colocar en discusión la protección de los derechos soberanos y los intereses económicos nacionales.
Nuestra condición de economía periférica, las restricciones recurrentes del sector externo y la necesidad de generar divisas para sostener la producción y la inversión obligan a considerar la soberanía desde una perspectiva más amplia. Porque una Nación puede preservar formalmente sus derechos soberanos y, sin embargo, encontrar dificultades para transformarlos en oportunidades efectivas de desarrollo económico. No se trata solamente de proteger los recursos naturales, sino también de desarrollar las capacidades productivas, comerciales, logísticas e institucionales que permitan aprovecharlos.
Desde esta perspectiva, la defensa de los intereses nacionales y el desarrollo económico no constituyen objetivos contrapuestos, sino dimensiones que deberían integrarse dentro de una misma concepción estratégica.
Comercio exterior, integración y asimetrías logísticas
La expansión de las exportaciones y la diversificación de mercados constituyen condiciones relevantes para ampliar la disponibilidad de divisas, sostener las importaciones necesarias para la producción y reducir la vulnerabilidad externa de la economía argentina.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abre nuevas oportunidades de integración comercial. Sin embargo, una cosa es abrir mercados y otra, construir las condiciones para que esos mercados puedan conectarse efectivamente. Y mas allá de las asimetrías logísticas que pueden verse reflejadas en diferencias de infraestructura, conectividad, frecuencias de transporte y capacidades institucionales, el desafío no consiste en que los países posean sistemas logísticos idénticos, sino en alcanzar niveles de compatibilidad que permitan integrar eficientemente sus cadenas comerciales.
En este contexto, los puertos y las vías navegables adquieren una importancia que excede su condición de infraestructura de transporte. Son componentes estratégicos de la inserción internacional, cuyo funcionamiento requiere inversiones, servicios logísticos, seguridad de la navegación y coordinación institucional.
Por eso, ampliar el comercio exterior no depende solamente de negociar mejores condiciones de acceso a los mercados. También requiere capacidades institucionales que contribuyan a garantizar la seguridad, continuidad y previsibilidad de los intercambios internacionales.
La Prefectura como bien económico estratégico
En este entramado institucional, la Prefectura Naval Argentina cumple una función cuya importancia económica no siempre resulta suficientemente reconocida. Más allá de sus responsabilidades policiales y de auxiliar de la Justicia, como autoridad marítima desempeña tareas esenciales para la seguridad de la navegación y el funcionamiento de las actividades marítimas, fluviales y portuarias.
La Argentina ha asumido compromisos internacionales en materia de seguridad de la navegación, protección marítima y prevención de la contaminación, particularmente en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. La Prefectura, en el ejercicio de sus competencias, contribuye al cumplimiento de esas obligaciones y a sostener condiciones de seguridad y confiabilidad necesarias para el transporte marítimo internacional.
Desde una perspectiva económica, estas funciones forman parte de la infraestructura institucional que hace posible el intercambio comercial. La seguridad de la navegación, la previsibilidad de los procedimientos y el cumplimiento de estándares internacionales contribuyen a reducir riesgos operativos e incertidumbre, factores que pueden incidir sobre los costos de transacción, las condiciones de aseguramiento y la continuidad de las operaciones.
Por eso, la Prefectura Naval Argentina, como autoridad de aplicación marítima y portuaria, es un bien económico estratégico de la Nación, y su valor no se expresa directamente en las estadísticas de exportación o actividades productivas asociadas al medio, sino en las condiciones que contribuye a generar para que esas actividades puedan desarrollarse de manera segura, regular y previsible.
Reconocer esta dimensión económica no significa atribuirle competencias que corresponden a otros organismos. Significa comprender que la especialización institucional y el cumplimiento de responsabilidades específicas constituyen capacidades del Estado que también deben considerarse al evaluar las políticas destinadas a fortalecer el comercio exterior y el desarrollo económico.
Defensa nacional y complementariedad institucional
La defensa de los recursos naturales y la protección de los intereses soberanos constituyen responsabilidades esenciales del Estado. Sin embargo, esto no significa que todas las situaciones deban abordarse mediante los mismos instrumentos. La Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina poseen misiones, capacidades y conocimientos especializados diferentes, cuya articulación puede fortalecer el ejercicio de las responsabilidades nacionales.
La preservación de los recursos pesqueros constituye un ejemplo, su protección requiere vigilancia, fiscalización y aplicación de la legislación correspondiente, pero una infracción pesquera no representa, por sí misma, una amenaza militar. Distinguir estas situaciones no implica debilitar la defensa de los intereses soberanos, sino reconocer que su protección efectiva exige instrumentos adecuados a la naturaleza de cada intervención.
En este sentido, la redacción del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional plantea interrogantes sobre una posible superposición entre las misiones y funciones de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Desde una perspectiva económica, la cuestión no es menor, una delimitación insuficiente de responsabilidades podría generar duplicación de recursos, incertidumbre institucional y mayores costos de coordinación, con consecuencias sobre la seguridad, previsibilidad y eficiencia de las operaciones marítimas y del comercio exterior.
El desafío consiste, entonces, en establecer una organización que preserve las capacidades especializadas de ambas instituciones, fortalezca su complementariedad y permita proteger eficazmente los intereses nacionales sin perder de vista los objetivos económicos y estratégicos del país.
El desafío del orden efectivo
El debate sobre la organización de las responsabilidades del Estado en los espacios marítimos y fluviales representa una oportunidad para reflexionar sobre los objetivos estratégicos que la Nación necesita alcanzar. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional debería examinarse no solamente desde la perspectiva de la protección de los recursos y los derechos soberanos, sino también considerando las consecuencias económicas de la organización institucional que propone.
La existencia de posibles superposiciones entre las funciones de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina plantea la necesidad de definir con claridad las responsabilidades de cada organismo. No se trata de debilitar la defensa ni de limitar las capacidades del Estado, sino de procurar que su actuación preserve la especialización, mejore la coordinación y contribuya a la seguridad y previsibilidad de las actividades económicas.
El orden efectivo no consiste simplemente en ampliar atribuciones o concentrar capacidades, sino en organizarlas de manera que los instrumentos respondan a los objetivos estratégicos de la Nación. Si la fuerza, como sostenía Clausewitz, constituye un instrumento de la política, entonces la protección de los intereses nacionales debe comprenderse dentro de una estrategia que también incorpore el crecimiento, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.
Porque la soberanía no se expresa solamente en la capacidad de una Nación para defender aquello que posee, sino también en su capacidad para transformarlo en oportunidades efectivas de desarrollo a largo plazo.
(*) Nicolas Soldatich es Licenciado en Economía.Especialista en logística y comercio exterior.
