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En plena temporada de cosecha, se intensifica el debate en torno al cobro de peajes en las rutas de acceso a los puertos del Gran Rosario, Santa Fe.
La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, encargada de gran parte de estos recorridos y de sufragar los costos del transporte, ha instado a siete municipios y a una comuna bonaerense –entre ellos Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, San Lorenzo y San Martín (Santa Fe), además de Ramallo (Buenos Aires)– a cesar con el cobro de peajes “disfrazados” de tasas retributivas.
Las proyecciones indican que, en un lapso de dos años, los ingresos por los peajes podrían sumar los fondos necesarios para respaldar la emisión de deuda por 50 mil millones de pesos, destinados a financiar obras clave como el cruce entre la Ruta Provincial 91 y la Nacional 11, la rehabilitación de vías del Ferrocarril Belgrano, así como proyectos en el Camino del Mozo, el Camino de la Cremería y la incorporación de un tercer carril en la Autopista Santa Fe–Rosario.
Por otro lado, en la ribera del Paraná, donde se concentran plantas y puertos de importantes empresas como Renova, LCD, Cofco, Aca y AGD, la provincia destinó alrededor de 16 mil millones de pesos para habilitar un nuevo acceso vial desde la Ruta Provincial 91. Este proyecto, que abarca 7 kilómetros, permitirá desviar el tránsito de 627 mil camiones que, de otra forma, transitarían por el ejido de La Ribera.
El trazado, que conecta de forma eficiente con la Autopista Santa Fe-Rosario, la RN11, el río Carcarañá y las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas mediante la construcción de dos puentes, busca mejorar la conectividad y reducir la congestión en las zonas aledañas. Sin embargo, surge una discrepancia en torno a 16 kilómetros de ripio bajo la jurisdicción de Timbúes, en el tramo comprendido entre la RN11 y los puertos.
El presidente comunal, Antonio Fiorenza, dejó en claro que estos tramos –y sus potenciales peajes– no serán incorporados a la red de accesos que promueve la actual administración Maximiliano Pullaro.
Durante esta semana, en Rosario, Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera/Centro de Exportadores, evaluaron la posibilidad de que las multinacionales exportadoras adquieran parte de la deuda que la provincia planea emitir, en un contexto en el que ya se han iniciado diversas obras en la región.
En Necochea, el intendente Arturo Rojas informó sobre el progreso en la implementación del Fondo Compensador Vial, conocido también como “Tasa Portuaria”. Todas las terminales del Puerto Quequén fueron notificadas a través de los boletines oficiales municipales y provinciales. A partir de marzo, estas deberán inscribirse en el régimen de Ingresos Brutos y presentar, mensualmente, una declaración jurada que refleje el volumen exportado en el mes anterior.
Rojas puntualizó que, de no cumplirse esta obligación, la Fiscal Impositiva aplicará un incremento que podría duplicar el valor de la tasa, facultando al municipio para determinar de oficio el monto correspondiente. Además, advirtió que, si las terminales optan por la vía judicial para evadir el pago, se evaluarán otras medidas tributarias, como la implementación de la Tasa de Seguridad e Higiene.
El intendente contrastó esta situación con la de Bahía Blanca, donde el cobro de la tasa no ha generado reclamos, y subrayó que en Necochea los vecinos asumen una carga injusta al financiar, a través de sus tasas municipales, una actividad de la que las exportadoras se benefician sin contribuir de manera equitativa.
Finalmente, Rojas destacó que el objetivo del Fondo Compensador Vial es redistribuir parte de las ganancias del sector agroexportador para cubrir el mantenimiento de la infraestructura vial, la cual se ve afectada por el intenso tránsito de camiones. Según sus cálculos, el costo del tributo se situaría en apenas 0,47 centavos de dólar por tonelada exportada, una cifra mínima frente a los márgenes de ganancia reportados. Sin embargo, incluso la recaudación completa de esta tasa solo lograría financiar aproximadamente el 10% de los costos de mantenimiento, evidenciando que, de manera indirecta, la comunidad sigue subvencionando esta actividad.
Esta situación plantea el desafío de equilibrar la necesidad de mejorar la infraestructura vial con la exigencia de una tributación justa y proporcional, en la que tanto el sector agroexportador como la comunidad compartan equitativamente los costos de mantenimiento de las vías de acceso a los puertos.
