La Administración General de Puertos (AGP) se encuentra evaluando diversas alternativas para hacer frente al costo adicional ocasionado por el aumento de las tareas de dragado debido al incremento del caudal del río Paraná, una de las posibilidades que se considera es el ajuste de la tarifa del peaje. Este lunes habrá una reunión en Rosario donde José Beni, de la AGP, discutirá las alternativas con la mesa directiva de la ECOVINA (Ente Nacional de Control y Gestión de la Via Navegable), que preside el santafecino Abel De Manuelle e integran las siete provincias rivereñas.
Por Redacción Globalports
Entre las razones que motivan este análisis por parte de la AGP se encuentra la disminución en las exportaciones debido a la mencionada sequía. Durante los meses de enero y febrero de este año, ingresaron un total de 253 barcos graneleros a los puertos argentinos, mientras que en el mismo período del año 2022 se registraron 408 arribos. Esta menor actividad naviera se traduce en una disminución de los ingresos por peaje en un momento en el que se requiere aumentar las tareas de dragado para hacer frente al mayor sedimento proveniente del norte.
Tanto la AGP como la empresa dragadora (Compañía Sudamericana de Dragados, del grupo Jan de Nul) señalan que el incremento de los costos del dragado se ha mantenido por debajo de la tasa de inflación y se ha llevado a cabo para hacer frente al aumento en los costos del combustible y los acuerdos salariales. Aunque la tarifa se encuentra dolarizada al tipo de cambio oficial, diversos costos están vinculados a las cotizaciones del mercado paralelo del dólar, que han experimentado mayores aumentos, lo que ha encarecido el costo del dragado.
Por otro lado, la Secretaría de Agricultura proyecta una disminución de 1,285 barcos en los puertos argentinos durante este año, como consecuencia de una reducción del 42.8% en el saldo exportable de granos y sus derivados debido a la sequía.
Además, el aumento del caudal del río ha permitido que los barcos puedan navegar con carga completa, lo que implica una menor cantidad de viajes en comparación con los años de bajante, cuando se veían obligados a navegar con cargas más reducidas, lo que requería un mayor número de buques.
La AGP enfatiza que el incremento del caudal del río implica la necesidad de llevar a cabo tareas regulares de dragado para mantener la profundidad adecuada, que es de 36 pies desde el Gran Rosario hacia el sur. Durante la bajante del Paraná, la actividad de dragado fue menor. Sin embargo, debido al cambio en el régimen de lluvias río arriba, que ha mejorado el caudal, se ha registrado una mayor sedimentación, lo que ha incrementado las tareas de dragado en comparación con el año pasado.
En menor medida, la AGP también señala que la distorsión cambiaria en Argentina tiene un impacto directo y dificulta sus finanzas. En las mesas de trabajo con empresarios, se ha destacado que las tarifas que se cobran a las embarcaciones por tonelada de registro neto se basan en el tipo de cambio oficial, mientras que el costo del dragado, aunque se cobra en pesos, está vinculado a múltiples costos relacionados con el dólar en el mercado paralelo.
En Rosario, la ECOVINA recibirá a Jose Beni, titular de la Administración General de Puertos (AGP) el lunes, buscando explicaciones y explorando posibles soluciones para cerrar la brecha que se ha generado debido al aumento de costos y la disminución de ingresos. Además, se espera que el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Patricio Hogan, participe en el encuentro.
Por otro lado, el miércoles próximo, el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, recibirá a representantes del sector agroexportador, quienes seguramente expresarán su preocupación acerca del efecto negativo que tendría el aumento en el costo del flete en toda la cadena.
Aunque los usuarios privados de la hidrovía reconocen la realidad de la situación, critican que sean ellos quienes deban asumir el desequilibrio. En efecto, desde que la AGP puso este tema sobre la mesa, han resurgido las críticas más contundentes del sector empresarial en contra del esquema de administración estatal vigente, que contrata a privados para llevar a cabo las obras de dragado y balizamiento. Estos actores consideran que en un esquema de concesión a un operador privado del negocio, como el que existía hasta 2021 y el que se propone para el futuro, las ganancias o las pérdidas recaerían sobre el empresario.
La posibilidad de un aumento en los peajes, que solo puede ser habilitada por el Ministerio de Transporte como entidad concedente, ha fortalecido la postura de los ejecutivos más críticos dentro de las organizaciones empresariales, quienes argumentan que existe un crecimiento en el gasto corriente del organismo presidido por José Beni, y solicitan que se realicen ajustes internos en lugar de aumentar las tarifas.
