Por Giuliano Falconnat*
En Revista A Buen Puerto
Desde la asunción de Javier Milei al frente del Gobierno Nacional el 10 de diciembre de 2023 muchas cosas cambiaron en la Argentina en torno a la política macroeconómica, la matriz impositiva, las relaciones exteriores y, en base a ello, el estado de situación del tejido social respecto a los niveles de consumo y poder adquisitivo, que cayeron ferozmente.
Estas modificaciones implementadas por el Poder Ejecutivo, sumadas a una intensa desregulación con el Ministro Federico Sturzenegger como protagonista, y la ambiciosa “Ley Ómnibus” que terminó materializándose en la Ley Bases, han afectado de manera directa a diversos sectores de la economía Argentina, entre los cuales la Industria Pesquera resultó ser de las más perjudicadas.
Si bien los factores que le quitaron competitividad y disminuyeron en forma notoria la rentabilidad de la Pesca son varios, podemos destacar los de mayor injerencia:
Atraso cambiario: el valor del dólar “unificado” post anuncio de salida del cepo roza los $1200 los cuales resultan insuficientes para absorber los costos operativos para una Industria que exporta el 90% de lo que produce y se rige por precios que estipula el mercado internacional. Si bien algunos podrán indicar que el incremento del valor del dólar generará alivio por exportar a un precio más alto, es importante destacar que el dólar “blend” (liquidación del 80% del volumen a precio oficial y el 20% al precio “blue”) daba como resultado un dólar de $1100/1120, y esta suba sutil de $80/100 provoca que los costos de combustible, energía e insumos dolarizados se hayan actualizado a razón del 15/17% que rondó esta devaluación.
Incremento del Derecho Único de Extracción (DUE): este impuesto representa la primera tasa que la flota debe afrontar para hacerse de la materia prima, se mide en unidades de combustible al igual que las infracciones para que el monto se actualice de manera automática y fue incrementado por decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) en un 80% para la merluza, 200% para el langostino y 500% para el calamar, a partir del 2025. Si bien recientemente se anunció una disminución para los barcos fresqueros, que son los más perjudicados y aquellos que representan la mayor cantidad de puestos de trabajo en tierra, no es suficiente y los aumentos no se sustentan bajo ningún índice o variable que justifique tal incremento.
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