Las empresas de transporte fluvial y marítimo Buquebus y Colonia Express anunciaron que demandarán al Estado uruguayo debido a la implementación de una nueva tasa de 2,10 dólares más IVA por pasajero.
Este cargo adicional, que entrará en vigor en febrero de 2025 para todos los viajes vendidos a partir de mayo de 2024, ha sido motivo de controversia, ya que las compañías lo consideran una violación a los principios de legalidad y equidad ante las cargas públicas establecidos en la Constitución del país.
El decreto, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou junto con los ministros del Interior, Transporte y Economía, tiene como objetivo financiar un nuevo sistema de control migratorio. Según el gobierno, la recaudación se destinará a mantener este sistema, operado por la empresa mexicana Veridos SA, en 43 puntos fronterizos dentro de Uruguay.
Sin embargo, las empresas afectadas, que representan una parte significativa del transporte entre Uruguay y Argentina, sostienen que este impuesto es ilegítimo. Daniel Ochs, abogado constitucionalista y representante de Buquebus, argumenta que la medida viola el principio de legalidad al imponer una carga sin una base legal clara, discrimina contra los viajeros por vía acuática, quienes serían los únicos en costear el servicio de seguridad fronteriza, y plantea dudas sobre la razonabilidad del monto establecido sin una justificación clara de sus costos.
El debate se centra no solo en la legalidad del impuesto sino también en su impacto en el costo de los viajes para los pasajeros que utilizan estos servicios para trasladarse entre Uruguay y Argentina. Además, la inclusión de los viajes de crucero en este decreto amplía el alcance de la medida, afectando a un sector turístico más amplio.
Las empresas han manifestado su disposición a llevar este caso ante las instancias judiciales correspondientes, no solo contra el Estado uruguayo sino también contra Veridos SA, la empresa encargada de la implementación del sistema de control migratorio. Este movimiento legal pone de manifiesto las tensiones entre las políticas gubernamentales destinadas a reforzar la seguridad y control migratorio y los principios de equidad fiscal y legalidad que rigen el funcionamiento del sector privado.
Este caso se suma a un largo historial de disputas legales en torno a la regulación del transporte y los derechos de los consumidores, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la justicia y eficacia de las cargas impositivas destinadas a financiar infraestructuras y servicios públicos.
Con información de El País /La Red21/ Subrayado uruguay
