GlobalPorts, en colaboración con destacados expertos en el sector, llevó a cabo un webinar dedicado al análisis del caso del buque Tai An y su implicación en la pesca ilegal de merluza negra. El evento puso de relieve temas críticos como los permisos de pesca, las consecuencias ambientales de la pesca ilegal, la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), y la situación actual del sector pesquero.
Por Irene Ascoli
César Lerena, uno de los expertos invitados, catalogó al caso del Tai An como un claro ejemplo de la falta de control estatal y organizacional sobre la pesca en la ZEEA. Resaltó que el incidente revela el uso de métodos obsoletos para la supervisión de este tipo de actividades, especialmente en lo que respecta a la merluza negra, cuya regulación cuotificada buscaba precisamente ordenar la administración de la explotación pesquera.
Lerena criticó duramente la legislación vigente, calificándola de “vetusta” y señalando sus deficiencias en mecanismos de control contra la pesca ilegal. “Yo me he encargado de revisar toda la legislación de Latinoamérica en detalle y la de Europa, y también en cierta medida la de Estados Unidos y realmente los mecanismos de control sobre todo de la pesca ilegal son absolutamente deficitarios en la Argentina” expresó.
Pero los cambios sugeridos por el experto son para controlar mejor la Zona Económica de Pesca de Argentina y evitar la pesca ilegal, en contraposición de la reforma a Ley de Pesca que impulsa el gobierno nacional que “solo añadirían caos al ya complejo panorama legislativo”. “Porque en el proyecto este de la ley ómnibus, precisamente se pretendía absurdamente darle, a través de un canon, permitir el ingreso de buques extranjeros y otras cuestiones gravísimas como que no se utilicen los puertos nacionales, etcétera” argumentó Lerena.
En este contexto, destacó la necesidad de una revisión profunda de la ley y una reestructuración del Consejo Federal Pesquero, cuya gestión de fondos y políticas pesqueras fue objeto de crítica.
El experto también señaló la detección de irregularidades en el buque Tai An, como la captura de juveniles de merluza negra y la falta de acción inmediata por parte de las autoridades al ser informadas de estas violaciones. “Este caso pone en evidencia la desconexión entre las autoridades de control y la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de supervisión y fiscalización en el sector” expresó.
Lerena propuso que la autoridad de aplicación y los observadores a bordo deban actuar con mayor firmeza y responsabilidad para prevenir la continuidad de estas prácticas ilegales. Asimismo, destacó la irregularidad de la intervención de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero.
“Yo no alcanzo a entender por qué la Cancillería tiene que estar presente en el Consejo Federal Pesquero, sinceramente. Más allá de que podría ocuparse los diplomáticos en atender la cuestión de la pesca en Malvinas o en el Tratado Antártico. No entiendo por qué el Consejo Federal Pesquero debe tener un integrante de la Cancillería. Pero así todo, un funcionario de cuarta categoría frena un procedimiento del director de Fiscalización de Pesca”.
La intervención de César Lerena arrojó luz sobre los profundos desafíos que enfrenta la industria pesquera argentina en términos de regulación, supervisión y control de la pesca ilegal. Las recomendaciones y análisis presentados por el experto apuntan hacia una urgente necesidad de reforma legislativa y reestructuración organizacional para proteger los recursos marinos del país y asegurar un futuro sostenible para el sector pesquero.
Además de César Lerena, Experto en Atlántico Sur y Pesca; participó Agustín De La Fuente, presidente de Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Otto Wöhler, Ex Director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); Giuliano Falconnat, Consultor en Puertos y Pesca e Irene Ascoli, Gerente RRII GlobalPorts.
