El cese de actividades de los prácticos empezó a golpear la operatoria del Gran Rosario. Buques de gran calado permanecen fondeados en rada a la espera de un profesional disponible, y las terminales ya reorganizan la carga para acotar el impacto. La medida, sin plazo definido, se mantiene en rechazo al Decreto 690/2026.

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El impacto llegó al principal nodo exportador

Desde la madrugada del domingo 2 de agosto, la mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos del país dejó de aceptar nuevas contrataciones. El complejo Gran Rosario–San Lorenzo–Puerto General San Martín–Timbúes, por donde sale la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites, es el primero en mostrar consecuencias concretas.

Desde el medio Argenports y SL 24 señalaron que los buques dejarán un margen de calado sin completar y cerrarán la carga una vez normalizado el servicio. Las terminales, según ese mismo relevamiento, comenzaron a reprogramar turnos para estar en condiciones de acelerar las operaciones apenas se destrabe el conflicto.

La lógica del cese de actividades no cambió respecto de los primeros días: los prácticos son profesionales independientes y no pueden declarar un paro en sentido gremial tradicional. Por eso continúan honrando los contratos ya asignados, mientras el freno se concentra en los nuevos pedidos. Los servicios vinculados a cargas de riesgo o esenciales, como crudo y combustibles, siguen prestándose con normalidad.

Un conflicto que trasciende a la Hidrovía

Aunque el epicentro visible está en el Up River santafesino, el cese de actividades alcanza en teoría a la totalidad de los prácticos, pilotos y baqueanos habilitados en el país, desde Ushuaia hasta el Paraná.

La duración del conflicto sigue atada a la evolución del reclamo: los profesionales piden la suspensión del Decreto 690/2026, que reemplazó el reglamento vigente desde 1991 y eliminó el cupo de prácticos habilitados, entre otros cambios.

El conflicto también frenó al VMOS en Bahía Blanca

El cese de actividades ya produjo su primer impacto sobre una obra energética estratégica. Según pudo saber Argenports, el buque semisumergible HL White Marlin llegó al fondeadero de la boya 17, frente a Bahía Blanca, con la flota que instalará la terminal offshore de Punta Colorada, del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La suspensión del servicio de practicaje impide iniciar las maniobras de descarga, por lo que las embarcaciones permanecen sobre la cubierta del buque. Según el mismo medio, se evaluó un procedimiento alternativo con capitanes italianos al mando de las unidades y personal de la Prefectura Naval Argentina, aunque hasta el cierre de esa nota la operación seguía sin destrabarse.

Una vez descargada, la flota debía trasladarse a distintos puntos del puerto: el buque Seminole al Sitio 5 de Puerto Galván, y los dos remolcadores al Sitio 20 de Ingeniero White, antes de sumarse a las tareas frente a Punta Colorada. Desde esa terminal se proyecta exportar buena parte del petróleo producido en Vaca Muerta.

Prácticos, capitanes y baqueanos cierran filas

El otro dato que marca esta etapa del conflicto es la coordinación entre los distintos colectivos profesionales. Según pudo saber SL24, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales selló una alianza estratégica con la Cámara de Practicaje y Pilotaje y con la Asociación Civil de Prácticos para avanzar en un plan de acción conjunto.

Como parte de esa estrategia, las entidades solicitaron audiencias urgentes con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con el Prefecto Nacional Naval y con el jefe de la División Practicaje y Baquía. El objetivo declarado es abrir una instancia de diálogo antes de que el conflicto judicial avance en paralelo.

La vía judicial sigue su curso

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales ratificó el impulso de una acción declarativa de certeza y una acción de amparo ante la Justicia Federal, además de la denuncia penal ya anunciada contra los funcionarios firmantes del decreto. La presentación se apoya en el artículo 190 del Código Penal, que sanciona los actos que pongan en peligro la seguridad de la navegación.

Mientras esa vía avanza, el interrogante central para el comercio exterior es cuánto tiempo puede sostenerse la actual convivencia entre contratos ya asignados y freno a las nuevas contrataciones antes de que la demora se traslade de manera más generalizada a los embarques. Por ahora, según el relevamiento de Argenports, el Gran Rosario administra la situación con reprogramaciones, sin que se reporten cancelaciones de cargas.

El desenlace del conflicto dependerá de si el Gobierno y las entidades del sector logran destrabar una negociación antes de que la Justicia se expida sobre los planteos presentados. GlobalPorts continuará el seguimiento de la evolución del cese de actividades y su impacto en la operatoria portuaria.

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