Por Ariel Armero, GlobalPorts//
Desde la madrugada del domingo 2 de agosto, la mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos del país dejó de prestar servicio a título personal. Es la respuesta más dura hasta ahora al Decreto 690/2026, que desreguló el practicaje y el pilotaje en el país.
La medida no es un paro formal: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia. En los hechos, equivale a un freno a las nuevas contrataciones de practicaje. Se suma, además, el anuncio de una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo.
Por qué no es un paro en sentido estricto
A diferencia de otros conflictos gremiales del sector marítimo y portuario, los prácticos no pueden declarar un paro en sentido tradicional. Prestan su servicio en forma individual o a través de asociaciones, cooperativas y empresas del rubro, sin un gremio que pueda ordenar el retiro colectivo de servicios.
Por eso, fuentes consultadas por GlobalPorts en el sector prefieren hablar de un cese de actividades a título personal: cada profesional resolvió, de manera individual aunque coordinada, no tomar nuevos trabajos mientras el decreto siga vigente.
Contratos vigentes, honrados
Según pudo saber GlobalPorts, los prácticos vienen respetando escrupulosamente los contratos ya programados con anterioridad al inicio de la medida. La razón es contractual: incumplir un servicio ya acordado implicaría una falta al contrato con el armador o la agencia marítima, algo que el sector busca evitar incluso en medio del conflicto.
La consecuencia práctica es que el impacto no es una parálisis total e inmediata, sino una restricción creciente a medida que se agotan los turnos ya asignados y no hay reemplazo para los nuevos pedidos. Además, los servicios vinculados al transporte de crudo, combustibles y otras cargas consideradas de riesgo o esenciales no se ven alcanzados por el cese de actividades.
Qué cambió el Decreto 690/2026
El decreto, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial, reemplazó la reglamentación de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. Entre sus puntos centrales, dispone que la Prefectura Naval Argentina deberá inscribir sin límite de número a todo profesional que reúna las condiciones de idoneidad, y los prácticos podrán ser contratados en forma directa por los usuarios como profesionales independientes.
La norma también habilita a capitanes, argentinos o extranjeros, a prescindir del práctico si acreditan una cantidad mínima de viajes previos en la zona mediante un certificado de conocimiento de zona, cuyo otorgamiento será prácticamente automático. Para escenarios de conflicto, el texto prevé que la Prefectura —y, si es necesario, la Armada— puedan asumir directamente la prestación del servicio.
La frase de Sturzenegger que tensó el conflicto
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó la medida en sus redes con una definición que el sector consideró agraviante: “Desarmamos kioscos en el practicaje«, escribió, al describir la dificil tarea de entrar un barco a puerto o conducirlo por una zona de navegación compleja.
La frase reavivó el malestar de un sector que, meses atrás, ya había cuestionado otra definición del ministro sobre el rol de los prácticos en la Vía Navegable Troncal. Para las entidades del sector, encuadrar de esta manera a una profesión que exige entre 12 y 15 años de formación acumulada, minimiza la función de seguridad de la navegación que cumplen prácticos, pilotos y baqueanos.
El rechazo formal del sector
La reacción institucional llegó por dos vías. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante, entidad centenaria con personería gremial, calificó al decreto de abusivo e inconstitucional en su Comunicado de Prensa 9-26. Además de activar reuniones de coordinación con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, anunció que prepara una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo, y que el lunes 3 de agosto presentará una denuncia penal contra los firmantes de la norma por presunta violación al artículo 190 del Código Penal, que sanciona los actos que pongan en peligro la seguridad de la navegación.
En paralelo, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo emitió un comunicado de solidaridad con prácticos y baqueanos, y recomendó a sus afiliados consultar con las autoridades del Centro antes de aceptar tareas de practicaje mientras dure la incertidumbre normativa.
Qué puede esperarse en los próximos días
El escenario que describen fuentes empresariales que necesitan del serivico de prácticaje es de un deterioro progresivo antes que de un colapso inmediato. Los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín podrían empezar a sentir demoras a medida que se acumulan buques sin turno asignado.
Con la denuncia penal anunciada para el lunes y sin señales de acercamiento entre las partes, el conflicto por el Decreto 690/2026 combina reclamo profesional, disputa judicial y una discusión en redes sociales que, lejos de bajar la tensión, la potenció.
