Redacción GlobalPorts//
La industria pesquera argentina enfrenta una de sus peores crisis en años. La flota congeladora de langostinos permanece amarrada, y las negociaciones entre gremios y cámaras empresarias han fracasado nuevamente, profundizando el conflicto laboral y económico que afecta a más de 250 marineros y a localidades clave como Mar del Plata, Puerto Madryn y Puerto Deseado.
El eje del conflicto es la propuesta de las cámaras Capeca, Capip y Cepa de reducir un 30% el ítem salarial por producción de los marineros, argumentando que los costos laborales representan el 60% del costo total de producción y que la caída del precio internacional del langostino, sumada al aumento de los costos internos, ha vuelto inviable la actividad.
Los gremios SOMU, Simape, Siconara y el Centro de Patrones y Maquinistas Navales rechazaron de plano la propuesta, calificándola de «maniobra extorsiva» y negando que los salarios representen el porcentaje denunciado por las cámaras. Además, advirtieron que no consentirán ninguna baja salarial disfrazada de negociación.
Las cámaras empresarias reiteraron su intención de «readecuar el negocio de la pesca del langostino procesado a bordo como única alternativa para retomar la actividad» y remarcaron que los costos laborales del personal embarcado «representan un 60% del costo total de la producción».
Por su parte, los sindicatos ratificaron que «de ninguna manera permitirán una baja del salario por producción» y afirmaron que es «absolutamente falso que el personal embarcado represente un 60% del costo total de la producción«. En la misma línea, advirtieron que no consentirán «la maniobra extorsiva que hoy encarnan las cámaras«.
El conflicto se produce en un contexto en el que el precio internacional del langostino entero cayó un 2,8% interanual y las colas de langostino, un 5,6%. En tanto, los costos «internos continúan en ascenso».
Según mencionaron, el convenio colectivo de trabajo que regula la actividad es de 2005 y estableció, además del básico, un bono por productividad anclado en el precio internacional del langostino de entonces, cuando era de US$ 12 el kilo. «Hoy el precio es de US$ 5,50 el kilo, y la tripulación continúa cobrando como si valiera U$S 12«, argumentaron.
Las cámaras señalaron que «el porcentaje del costo de la tripulación de un buque tangonero, anualizado, tomando la totalidad de las liquidaciones mensuales con los conceptos complementarios (aguinaldo y vacaciones) y los aportes patronales, representó el 60% del total de las exportaciones del barco«. Es por ello que reclaman una reformulación del convenio colectivo existente.
Mientras tanto, los gremios sostienen que no hay precedentes ni jurisprudencia de un convenio a la baja y que no lo van a firmar. «Esto no es como una paritaria, que peleás por un punto más o no. Están tomándonos como variable de ajuste«, sostuvo Oscar Bravo, secretario general de la seccional local del SOMU.
La Secretaría de Trabajo dictó un cuarto intermedio y las partes volverán a encontrarse hoy. Para este plenario, a pedido de los gremios, se solicitó la presencia de algún representante del Consejo Federal Pesquero (CFP) y del Ministerio de Economía. Y también que se convoque a las demás entidades sindicales marítimas, como las que nuclean al personal oficial de máquinas y puentes.
El conflicto en el sector, que lleva meses de arrastre, se profundizó días atrás, luego de que Capeca, Capip y Cepa solicitaran a la Secretaría de Trabajo una audiencia «urgente» con el objetivo de readecuar el convenio colectivo y avanzar así en una rebaja del 30% en el ítem salarial por producción de los marineros.
La situación es crítica y afecta a toda la cadena de valor de la industria pesquera. La flota congeladora genera anualmente 600 millones de dólares en divisas y representa un componente central de las exportaciones del país. Sin embargo, actualmente, 113 barcos de la flota congeladora de langostino permanecen en puerto, sin realizar tareas de captura ni procesamiento.
El impacto económico y social es enorme: la pesca de langostino representa más del 50% de las exportaciones pesqueras argentinas y sostiene una cadena de valor que abarca a localidades como Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn.
El Estado debe garantizar que la pesca sea sustentable, rentable y que defienda el trabajo argentino. No hay desarrollo sin industria, no hay industria sin condiciones, y no hay condiciones si no hay política económica al servicio de la producción. La situación es crítica y requiere de una solución urgente que contemple las necesidades de todas las partes involucradas. La continuidad de la actividad pesquera y el sustento de miles de trabajadores dependen de ello.
