Una inspección de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación derivó en un informe crítico sobre la infraestructura y la administración del puerto fueguino. Desde la Dirección Provincial de Puertos rechazaron las observaciones y defendieron la gestión local.
Redacción GlobalPorts
El Puerto de Ushuaia, principal punto logístico y turístico de Tierra del Fuego, se encuentra en el centro de una controversia institucional tras la difusión de un informe de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que señala deficiencias en su infraestructura, irregularidades administrativas y posibles desvíos en el uso de fondos.
La Dirección Provincial de Puertos (DPP), encabezada por Roberto Murcia, rechazó enfáticamente las observaciones y calificó de “sorprendente” la inspección realizada por la autoridad nacional.
Según trascendió en distintos medios, el informe de la ANPYN advierte sobre el deterioro de defensas, pilotes y pavimentos de acceso, así como deficiencias en sistemas de seguridad y señalización operativa. También plantea cuestionamientos sobre la utilización del superávit portuario, señalando que una parte de los recursos habría sido destinada a fines no directamente vinculados con la actividad portuaria.
Desde el organismo nacional indicaron que el relevamiento fue parte de las tareas de fiscalización rutinarias y que los hallazgos podrían derivar en sanciones administrativas si no se corrigen las observaciones dentro de los plazos establecidos por la normativa portuaria. El procedimiento, aclararon, forma parte de las competencias de control que la ANPYN ejerce sobre los puertos públicos del país.
En respuesta, el presidente de la DPP, Roberto Murcia, sostuvo que el puerto “no tiene nada que ocultar” y que las observaciones del informe “no reflejan la realidad operativa”. En declaraciones radiales, destacó el carácter multipropósito del puerto de Ushuaia —que combina actividades de carga, pesca, logística antártica y cruceros— y remarcó que la terminal “está totalmente operativa” al inicio de la temporada.
Respecto del uso de los fondos, Murcia explicó que los recursos cuestionados fueron otorgados como préstamos al Ministerio de Salud y al Gobierno Provincial, bajo convenios de asistencia financiera con devolución y tasas de interés. “Son colocaciones financieras auditadas y con intervención del Tribunal de Cuentas”, aseguró. También precisó que los ejercicios contables del puerto están cerrados y la cuenta de inversión es pública.
En relación con el estado de las instalaciones, el titular de la DPP recordó que la ampliación del muelle fue ejecutada con fondos provinciales y supervisión técnica de la Administración General de Puertos, y que actualmente se están gestionando las compras de nuevas defensas, demoradas por las restricciones cambiarias del año pasado. “El puerto está operativo y cumple con las condiciones de seguridad necesarias”, afirmó.
Desde el entorno de la ANPYN, en tanto, se insiste en que el informe no tiene carácter político, sino técnico y preventivo, y que las observaciones apuntan a fortalecer los estándares de seguridad y transparencia en todos los puertos nacionales. Las autoridades nacionales otorgaron a la DPP un plazo para presentar su descargo y documentación respaldatoria, tras lo cual se definirá la resolución final.
La situación generó inquietud en el ámbito portuario y empresarial, dado que el inicio de la temporada de cruceros 2025–2026 coincide con la difusión del informe.
Las compañías del sector confirmaron que las recaladas previstas continúan con normalidad, aunque persiste la atención sobre el desenlace administrativo de la inspección.
Por el momento, tanto la Nación como la Provincia buscan mantener canales institucionales abiertos para resolver las diferencias. En un contexto en el que el Puerto de Ushuaia se consolida como el principal punto de ingreso a la Antártida y tercer puerto de cruceros de Sudamérica, el desafío será preservar la cooperación entre jurisdicciones y garantizar la continuidad operativa sin afectar la imagen del sistema portuario argentino.
