Por Irene Ascoli//

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente el informe titulado “Políticas Agropecuarias en América Latina y el Caribe, 2023″. Este documento es la tercera entrega de una serie de estudios realizados en el marco de la iniciativa Agrimonitor, que desde 2014 analiza sistemáticamente las políticas públicas agropecuarias de los países de la región.

La metodología utilizada, basada en el Estimado de Apoyo al Productor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), permite realizar comparaciones internacionales sobre los distintos tipos y niveles de apoyo al sector agropecuario.

El informe cubre un período que va desde 2009 hasta 2021 y examina las diferencias entre los sectores agropecuarios de los países de la región, tanto en términos de desempeño como de las políticas públicas que han recibido. Además, el estudio busca identificar patrones comunes entre los países que puedan ayudar a delinear posibles rumbos futuros para el sector agropecuario en América Latina y el Caribe.

Impacto de crisis recientes en el sector agropecuario

El informe destaca que los últimos años han sido particularmente difíciles para el sector debido a factores como la pandemia de COVID-19, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y varios fenómenos naturales que han afectado a diversos países de la región. Estas crisis han tenido un impacto importante en las cadenas de suministro de alimentos, en la actividad económica general y en el patrón de consumo de la población.

La pandemia de COVID-19, en particular, evidenció la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales y la dependencia que muchos países tienen de mercados externos para asegurar su alimentación. El conflicto entre Rusia y Ucrania, por otro lado, ha demostrado cómo los eventos geopolíticos pueden repercutir en mercados esenciales como los de fertilizantes y cereales, alterando el equilibrio de precios y accesibilidad.

Estas situaciones subrayan la necesidad de que los países de América Latina y el Caribe fortalezcan su resiliencia interna, diversificando sus fuentes de suministro y desarrollando políticas que favorezcan la autosuficiencia alimentaria en tiempos de crisis.

Como consecuencia de estos factores, los precios de los alimentos aumentaron considerablemente entre 2020 y 2021, alcanzando máximos históricos en mayo de 2022. Además, fenómenos como la sequía en el Cono Sur, las plagas de langostas en Argentina y Bolivia, y los incendios forestales en Chile han contribuido a una desaceleración en el crecimiento de la producción agropecuaria y una contracción en el volumen de exportaciones.

Heterogeneidad en el apoyo a los sectores agropecuarios

El estudio también revela una gran heterogeneidad entre los países de la región en cuanto al apoyo brindado a sus sectores agropecuarios. Brasil, Argentina y México concentran gran parte de la producción y exportaciones agropecuarias, pero no necesariamente son los más dinámicos en términos de penetración en mercados de alto valor o crecimiento de la productividad. Por otro lado, algunos países más pequeños han mostrado un desempeño notable en distintos indicadores económicos.

Esta disparidad en el apoyo y en los resultados pone de relieve un desafío clave: ¿cómo pueden los países con sectores agropecuarios menos desarrollados aprovechar sus recursos y políticas para competir más efectivamente en los mercados internacionales? La respuesta podría estar en la implementación de políticas públicas más orientadas a la innovación, el desarrollo sostenible y la diversificación de productos con valor agregado.

En comparación con países como Canadá, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, los países de América Latina y el Caribe otorgan un apoyo relativamente bajo a sus sectores agropecuarios. El informe subraya que la mayor parte de este apoyo se realiza a través de distorsiones de los precios de mercado, mientras que el gasto presupuestal directo en servicios públicos, como infraestructura o investigación y desarrollo, representa solo una fracción del total.

Consideraciones finales y futuras direcciones

El informe concluye con un análisis de la relación entre los apoyos agropecuarios y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), encontrando que, en términos generales, la política agropecuaria en la región es neutra en términos de carbono. Esto plantea una oportunidad significativa para que los países de la región lideren en la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles, que no solo sean beneficiosas para el medio ambiente sino que también incrementen la competitividad del sector en mercados que cada vez valoran más la sostenibilidad.

Además, se analiza el apoyo al sector pesquero y acuícola en 13 países de la región, destacando la concentración de la producción en unos pocos países. Esta concentración, si bien muestra eficiencia en ciertas áreas, también revela una vulnerabilidad ante cambios climáticos o de mercado que puedan afectar a los principales productores.

Finalmente, se abordan temas relacionados con la seguridad alimentaria, señalando que el reciente aumento de los precios de los alimentos ha exacerbado los problemas de acceso económico a los mismos, lo que se ha convertido en una prioridad para las políticas públicas en la región. La capacidad de los gobiernos para mitigar estos impactos a través de políticas agropecuarias adaptativas y de apoyo al consumidor será crucial para mantener la estabilidad social y económica.

El BID concluye que los apoyos y reformas al sector deberían incluir enfoques y prácticas sostenibles como la agroecología y la agricultura climáticamente inteligente, para aumentar la productividad, mejorar la resiliencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta dirección no solo es necesaria para enfrentar los desafíos actuales, sino que también representa una visión a largo plazo que puede asegurar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario en América Latina y el Caribe.