El 4 de septiembre el Gobierno nacional decidió poner fin a un esquema que había marcado la logística agroindustrial durante casi una década. A través de la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, se eliminó el régimen de tarifas de referencia para el transporte automotor de granos, oleaginosas y derivados.

Redacción GlobalPorts

Desde ahora, los precios de los fletes quedarán en manos de la negociación directa entre productores y transportistas. El Estado, que hasta entonces organizaba una mesa para fijar valores orientativos, se retirará de esa función y solo intervendrá si surgen denuncias concretas por conductas anticompetitivas.

El régimen de tarifas orientativas había nacido en 2016 para ordenar un mercado donde conviven miles de pequeños transportistas con grandes acopiadores y exportadores. La fórmula consistía en calcular costos y consensuar un valor de referencia a través de una Mesa de Negociación Participativa que reunía a cámaras empresarias, entidades rurales y representantes oficiales.

Con el correr de los años, la mesa fue perdiendo respaldo. Varias organizaciones decidieron abandonar el mecanismo, argumentando que los precios debían fijarse en el terreno, sin intermediación estatal. La firma de un acta acuerdo entre productores y transportistas en marzo de este año, ya sin participación del Estado, anticipó la dirección de los cambios que ahora se concretan.

La decisión fue recibida con entusiasmo por las entidades rurales. La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró que finalmente se cumpla uno de los puntos de su agenda presentada en 2023: liberar el mercado de fletes. “El valor de las tarifas debe operar con plena autonomía de contratación y tráfico”, remarcaron, convencidos de que el mejor escenario es aquel en el que cada parte negocia de acuerdo con sus posibilidades y necesidades.

En el mundo del transporte, la reacción fue más matizada. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) ya había dejado de participar en la mesa y considera que la negociación privada es el camino lógico. Aun así, seguirá publicando sus informes mensuales de costos, que muchos utilizan como referencia técnica. En su último reporte, calculó un incremento del 3,54 % en agosto, impulsado sobre todo por combustibles y lubricantes.

La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL) también había tomado distancia. Argumentó que no tiene asociados vinculados al transporte de cereales y que, en ese contexto, la participación en la mesa carecía de sentido.

Donde sí hubo reparos fue entre los transportistas nucleados en la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra). Su presidente, Pablo Agolanti, sostuvo que la eliminación de tarifas de referencia “no es una buena decisión”. Recordó que desde 1950 la entidad calcula y difunde valores orientativos y adelantó que seguirá haciéndolo.

Su principal preocupación apunta a los pequeños transportistas, que dominan buena parte del parque de camiones en el interior del país. Con uno a cinco vehículos, difícilmente tengan la capacidad de negociar de igual a igual con grandes exportadores o cooperativas. 

En el centro de la escena, se juega la competitividad de un sector clave: el transporte que lleva los granos desde los campos hasta los puertos, eslabón imprescindible en la cadena exportadora argentina.

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