La provincia de Santa Fe avanza en la creación de un fideicomiso multiactoral para resolver el financiamiento del acceso portuario en el Gran Rosario, el corredor por donde sale más del 70% de la producción agrícola argentina.

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El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves una reunión con representantes de entidades agroexportadoras, transportistas y la Bolsa de Comercio de Rosario para delinear una solución definitiva al estado de las rutas que conforman el circuito de ingreso a los puertos santafesinos. El encuentro marcó un punto de inflexión: no se habló solo de obras, sino de un nuevo modelo de gobernanza para financiarlas y administrarlas sin depender del Estado Nacional.

Un fideicomiso donde la Provincia es «una pata más»

La propuesta central es la creación de un fideicomiso integrado por todos los actores del sistema: provincia, municipios, bolsas de comercio, agroexportadoras, transportistas y cámaras sectoriales. El mecanismo definiría las obras prioritarias por consenso y administraría los recursos de forma colectiva. «La Provincia no cobra ningún centavo, ni lo administra», precisó Pullaro, quien subrayó que el objetivo es «un sistema que administre los recursos de manera acordada y pactada por todos».

Este esquema representa una ruptura con el modelo tradicional, en el que la infraestructura vial de acceso a puertos depende de decisiones y fondos del gobierno central. En su lugar, Santa Fe propone institucionalizar la corresponsabilidad entre el sector público provincial y los actores privados que más se benefician —y más sufren— del estado de esas vías.

29 meses, 200 millones de dólares y un problema de tres décadas

Pullaro fue enfático al contextualizar la magnitud del desafío. En sus 29 meses de gestión, la provincia invirtió más de 200 millones de dólares en obras de mejora sobre el circuito portuario. La meta total asciende a 450 millones, que se financiarían con recursos propios y crédito.

Sin embargo, el gobernador advirtió que esa inversión «no le corresponde» a Santa Fe: es el Estado Nacional quien recauda los recursos vinculados al sistema vial y al consumo de combustibles, pero esos fondos no retornan en infraestructura estratégica para el complejo portuario del Gran Rosario.

«La Nación debería solventar esto, pero lamentablemente los gobiernos pasan y las inversiones no se llevan adelante», señaló Pullaro. El diagnóstico es directo: el Estado nacional ha dejado desamparada a la provincia y a la región en una infraestructura que es, en los hechos, de interés nacional.

Un cuello de botella con impacto exportador

El estado de los accesos viales al corredor portuario no es un problema de asfalto local. Es un factor que incide directamente en los costos logísticos, los tiempos de rotación del transporte de cargas y, en última instancia, en la competitividad de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Cada kilómetro de ruta deteriorada entre los campos del interior y las terminales de San Lorenzo, Puerto General San Martín o Rosario se traduce en mayor desgaste vehicular, demoras y sobrecostos que el sistema traslada hacia arriba o hacia abajo de la cadena.

Que el 70% de la producción agrícola argentina egrese por este corredor convierte al problema en una cuestión de política comercial exterior, no solo de obra pública provincial.

¿Un modelo replicable?

La pregunta que deja abierta esta iniciativa va más allá de Santa Fe. Si el fideicomiso multiactoral logra consenso, financiamiento y resultados concretos, podría convertirse en una referencia para otros clusters portuarios del país que enfrentan déficits similares de infraestructura vial: Bahía Blanca, Quequén o los puertos patagónicos, donde la ecuación entre recaudación nacional y reinversión local también arroja resultados negativos para las regiones.

Por ahora, el gobernador fue claro respecto del ritmo que pretende imprimir al proceso: llegar a una solución «por consenso, no a los apurones y sin las conversaciones que se necesitan». Después de 30 años de parches, Santa Fe parece dispuesta a apostar por una arquitectura institucional que sobreviva a los ciclos electorales.

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