El gobierno de Chubut destinará más de $7.000 millones para recuperar el canal de acceso al puerto de Rawson, deteriorado por décadas de sedimentación y una obra inconclusa. El sector privado aportará la ampliación del muelle.
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El Puerto de Rawson acumuló más de dos décadas sin un dragado integral. El último fue en 2003. La única intervención posterior, iniciada en 2023, quedó interrumpida a poco de comenzar. Entre medias, la sedimentación natural del río Chubut fue reduciendo el calado disponible hasta generar restricciones operativas concretas para el ingreso y egreso de embarcaciones. Esta semana, el gobernador Ignacio Torres cerró un acuerdo público-privado para revertir ese deterioro: la Provincia ejecutará el dragado con fondos propios, por encima de los $7.000 millones, y las cámaras del sector se comprometieron a ampliar el muelle hacia los sectores este y oeste, lo que sumaría aproximadamente tres nuevos amarres.
El anuncio se formalizó en la Mesa de Desarrollo Pesquero reunida en Casa de Gobierno, con participación de la CAFACH, la Cámara de la Flota Artesanal, la CAPIP y la empresa Conarpesa. El contexto no es menor: la temporada en aguas nacionales está por comenzar, el sector arrastra tensiones del año pasado y la incertidumbre sobre el estado del canal venía pesando sobre la planificación operativa de la flota.
Una infraestructura que opera al límite
El mecanismo de sedimentación en la desembocadura del río Chubut es inevitable y predecible. Lo que no debería ser inevitable es que un puerto de la relevancia económica de Rawson —uno de los principales de la pesca artesanal y de la flota amarilla en la Patagonia— llegue a 2025 con el último dragado integral completado hace 22 años. La interrupción de la obra de 2023 agravó lo que ya era una situación de deterioro progresivo.
El calado insuficiente no solo limita el tonelaje de los barcos que pueden operar: impone ventanas horarias, condiciona las mareas aprovechables y, en condiciones climáticas adversas, puede directamente bloquear el movimiento. Para una actividad donde cada día de atraso tiene impacto directo en la cadena de frío y en los compromisos de exportación, esas restricciones se traducen en pérdidas concretas.
El esquema: fondos públicos para lo urgente, privados para el crecimiento
La arquitectura del acuerdo es clara en su lógica. El Estado provincial asume la obra de mantenimiento —el dragado— que debería ser responsabilidad pública permanente y que, por razones que el comunicado no detalla, lleva décadas de rezago. El sector privado, por su parte, financia la expansión de capacidad: la ampliación del muelle que permitirá sumar amarres y descomprimir la operación cotidiana.
Torres lo enmarcó como un esquema de articulación público-privada para «seguir consolidando el crecimiento de una actividad estratégica». El lenguaje es correcto, pero vale precisar: parte de lo que se presenta como inversión de desarrollo es, en rigor, recuperación de infraestructura que nunca debió deteriorarse hasta este punto.
Sustentabilidad del recurso y señales al sector
En la misma reunión, el secretario de Pesca Diego Brandán salió al cruce de versiones que circulaban sobre la posible creación de nuevas licencias pesqueras. La desmentida fue explícita: no existe ningún compromiso ni posibilidad de otorgar nuevas habilitaciones. El funcionario remarcó que la preservación del recurso es uno de los pilares centrales de la gestión.
La aclaración llega en un momento de sensibilidad alta. El inicio de la temporada en aguas nacionales, con las dificultades del año pasado todavía presentes, vuelve especialmente relevante cualquier señal sobre las condiciones de acceso al caladero y sobre la política de licencias.
