Redacción GlobalPorts
La Justicia paralizó la implementación del decreto del Gobierno nacional que buscaba desregular la marina mercante y restringir el derecho a huelga, tras considerar que ponía en riesgo la industria local y vulneraba derechos laborales. En paralelo, la Cámara del Trabajo ordenó la reincorporación de más de un centenar de empleados despedidos por ejercer su derecho a protesta.
Fallo clave: freno al DNU 340/25
El Fuero Contencioso Administrativo Federal suspendió la aplicación del Decreto 340/25, impulsado por el gobierno de Javier Milei, que modificaba las condiciones de operación de la marina mercante argentina. El juez Enrique Alonso Regueira accedió a una medida cautelar solicitada por empresas navieras, que argumentaron que la normativa afectaba la estabilidad del sector y perjudicaba a las compañías nacionales frente a las extranjeras.
Entre los puntos más criticados del decreto figuraban cambios en los esquemas tarifarios, permisos de navegación y condiciones laborales de las tripulaciones, lo que, según el fallo, podía generar desventajas competitivas para la industria local y poner en riesgo miles de puestos de trabajo.
El magistrado destacó que el Gobierno no cumplió con el proceso de consulta previa a los actores involucrados, un requisito constitucional, y exhortó a la administración de Milei a abrir mesas de diálogo para buscar consensos en las reformas del sector.
Derecho a huelga: otro revés judicial al Gobierno
En un fallo complementario, la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 del mismo decreto, que limitaban el derecho a huelga en diversas actividades. La decisión ratificó un fallo previo de la jueza Moira Fullana y respondió a un amparo presentado por la CGT, que denunció que el decreto violaba garantías laborales sin justificar su necesidad y urgencia.
Impacto en el sector y posibles respuestas del Gobierno
Las resoluciones judiciales representan un nuevo traspié legal para el Gobierno en su intento de avanzar en reformas por decreto. El Ejecutivo podría apelar las decisiones, aunque deberá evaluar si modifica su estrategia regulatoria para evitar nuevos rechazos en sede judicial.
Mientras tanto, el sector naviero y los trabajadores celebran una victoria temporal, aunque advierten que la disputa no termina aquí. “La Justicia nos dio la razón, pero seguiremos alerta ante cualquier intento de recortar derechos laborales o perjudicar a la industria nacional”, afirmó un representante gremial.
Los fallos judiciales no solo frenan la desregulación del sector marítimo, sino que reafirman la protección de los derechos laborales, marcando un límite a las reformas por decreto del Gobierno. La pulseada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sigue abierta.
