El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI aprueba un paquete normativo que transforma el rol del transporte marítimo en la transición energética global
Por Violeta García, GlobalPorts
Del 7 al 11 de abril de 2025, la Organización Marítima Internacional (OMI) celebró en Londres la 83ª sesión de su Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 83), una instancia que pasará a la historia como un punto de inflexión para el sector marítimo.
En un clima de creciente presión global por acelerar la acción climática, los Estados miembros aprobaron un paquete normativo sin precedentes con el objetivo de alcanzar emisiones netas nulas de gases de efecto invernadero (GEI) en el transporte marítimo internacional para 2050.
Este avance normativo no solo responde a los compromisos climáticos asumidos en la Estrategia Revisada de la OMI en 2023, sino que da forma al primer marco jurídicamente vinculante para descarbonizar un sector que, de ser un país, estaría entre los diez principales emisores del mundo.
Un marco con ambición y mecanismos concretos
El corazón del paquete adoptado consiste en enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, que establecerán un nuevo estándar mundial para la intensidad de carbono de los combustibles marinos a partir de 2027. Este instrumento será complementado por un innovador mecanismo económico de fijación de precios del carbono —una medida largamente debatida— que internalizará los costos ambientales en el comercio marítimo y generará fondos para apoyar la innovación y la transición justa en los países en desarrollo.
Además, se aprobó la creación del Registro de Intensidad de Combustibles Verdes de la OMI y de un Fondo de Emisiones Netas Cero, ambos pensados como pilares institucionales para garantizar transparencia, trazabilidad e inversión estratégica en tecnologías limpias.
¿Un cambio de paradigma?
Más allá de la técnica normativa, lo que se vio en Londres fue una redefinición del rol del transporte marítimo en la transición energética global. Lo que hasta hace poco era considerado un sector “difícil de descarbonizar” por su escala y naturaleza internacional, empieza a alinearse con los compromisos climáticos de París. Este cambio tiene implicancias no solo ambientales, sino también geopolíticas y comerciales.
El Secretario General de la OMI, Arsenio Domínguez, lo expresó con claridad en su discurso de cierre: “Estamos construyendo un futuro donde el transporte marítimo no será un obstáculo para la sostenibilidad global, sino una herramienta para alcanzarla”.
Una agenda ambiental más amplia
Junto al paquete climático, el MEPC 83 avanzó en otras áreas clave de la protección del medio marino:
- Plan de acción 2025 contra la basura plástica marina, reforzando controles sobre descargas desde buques y promoviendo buenas prácticas operativas.
- Actualización del Convenio sobre gestión del agua de lastre, vital para prevenir especies invasoras.
- Designación del noreste del Atlántico como nueva zona de control de emisiones (ECA) y análisis para crear nuevas zonas marinas especialmente sensibles en América del Sur.
- Inicio del desarrollo regulatorio para tecnologías de captura y almacenamiento de carbono a bordo (OCCS), una apuesta que puede complementar el uso de combustibles alternativos.
Implicancias para América Latina
Para la región latinoamericana —y en particular para países con economías marítimo-dependientes como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay— estas decisiones tienen implicancias estratégicas. Por un lado, pueden abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de cadenas logísticas basadas en energías limpias (como el hidrógeno verde o los biocombustibles).
Por otro, plantean el desafío de adaptar infraestructuras portuarias, normativas nacionales y esquemas de incentivos a un nuevo paradigma de navegación sostenible.
La posibilidad de contar con zonas especialmente sensibles en la costa pacífica de Sudamérica también representa una oportunidad para fortalecer la cooperación regional en vigilancia ambiental y preservación de ecosistemas marinos.
La 83ª sesión del MEPC no solo consolidó compromisos previos: sentó las bases institucionales para convertir la descarbonización del transporte marítimo en una realidad medible, fiscalizable y financiada. Sin embargo, el éxito dependerá del cumplimiento, la coherencia regulatoria y el acompañamiento tecnológico y financiero, especialmente hacia los países en desarrollo.
La ventana de oportunidad está abierta. Ahora, la responsabilidad recae tanto en los Estados como en el sector privado para traducir estas decisiones en inversiones concretas, innovación efectiva y un comercio verdaderamente sostenible.
