Redacción GlobalPorts
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) revocó el registro de 107 embarcaciones que figuraban en listas de sanciones emitidas por organismos internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Además, otras 18 naves se encuentran en proceso de cancelación.
La decisión fue adoptada en el marco del Decreto Ejecutivo N.º 512 del 18 de octubre de 2024, que faculta a la AMP a cancelar de oficio la inscripción de buques cuyos propietarios, operadores o agentes estén vinculados a actividades ilícitas, o figuren en listas de advertencia internacionales. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para asegurar que el pabellón panameño no sea utilizado como herramienta para eludir sanciones o financiar operaciones ilegales.
Panamá, que ostenta el mayor registro de buques del mundo, enfrenta el desafío constante de proteger su reputación como Estado de abanderamiento.
En los últimos años, el crecimiento de los controles internacionales y el endurecimiento de las sanciones económicas han puesto en el centro de la escena a los registros abiertos. Frente a este escenario, la AMP decidió avanzar en una depuración rigurosa que asegure la transparencia y legalidad de su flota.
“Estas cancelaciones no solo responden al cumplimiento de compromisos internacionales, sino que también buscan garantizar que el Registro de Buques de Panamá siga siendo confiable, competitivo y respetado en la comunidad marítima global”, destacaron desde la institución.
Para prevenir nuevos casos, la AMP reforzó el proceso de preabanderamiento con matrices de riesgo más estrictas, análisis del perfil del propietario y del operador, e incorporación de herramientas tecnológicas para identificar vínculos con actividades sospechosas. Asimismo, se está revisando la legislación vigente con el objetivo de dotar a la Marina Mercante panameña de mayor solidez institucional.
La medida refleja una toma de posición clara: Panamá no está dispuesta a arriesgar su rol estratégico en el comercio marítimo global permitiendo que su bandera sea asociada a operaciones ilegales o sancionadas.
En un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas y controles financieros más estrictos, el país apuesta por una política de limpieza proactiva que le permita sostener su liderazgo sin comprometer los estándares de legalidad y seguridad.
