La inversión de HIF Global en Paysandú fue recortada y redefinida tras la presión de autoridades argentinas por el impacto ambiental en el río Uruguay.
Violeta García, GlobalPorts//
Una inversión millonaria, una nueva frontera energética y una preocupación compartida por dos países que comparten mucho más que un río. Así podría resumirse el escenario que rodea al ambicioso proyecto de hidrógeno verde en Paysandú, Uruguay, impulsado por la empresa HIF Global, que acaba de ser reformulado tras las objeciones planteadas por la provincia argentina de Entre Ríos, en particular por la ciudad de Colón, ubicada justo frente al predio originalmente elegido para la planta.
El proyecto, que demandaría cerca de 6.000 millones de dólares, pretendía instalar una gran planta sobre la ribera oriental del río Uruguay, con el objetivo de producir combustibles sintéticos a partir de energías renovables. Sin embargo, la escala inicial y su cercanía a zonas urbanas y turísticas encendieron las alarmas del lado argentino.
“La riqueza energética solo se convierte en desarrollo si se produce con responsabilidad ambiental y diálogo entre las partes”, advirtieron desde el entorno del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, quien elevó formalmente su preocupación ante el gobierno uruguayo.
Recortes, cambios y nuevas condiciones
Ante este escenario, la administración del presidente uruguayo Yamandú Orsi decidió introducir cambios significativos al proyecto, reduciendo el área destinada de más de 200 hectáreas a solo 70, prohibiendo el avance sobre zonas naturales protegidas y exigiendo una reformulación integral que contemple ejes sociales, económicos y ambientales. Así lo confirmó la ministra de Industria y Energía de Uruguay, Fernanda Cardona, quien subrayó: “No se trata solo de producir energía limpia, sino de hacerlo con licencia social y armonía territorial”.
La recategorización del terreno como área suburbana industrial había sido vista como una señal de avance, pero también fue uno de los puntos que generó más resistencia entre los sectores argentinos que temen un nuevo conflicto ambiental transfronterizo, similar al que en su momento desató la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.
Argentina no quiere repetir errores del pasado
Desde el municipio de Colón, el intendente José Luis Walser fue uno de los primeros en manifestarse públicamente. “Nuestro desarrollo económico depende del turismo y del río. Este tipo de megaproyectos industriales puede generar daños irreversibles si no se planifican correctamente”, señaló.
En ese marco, la fiscal federal Josefina Minatta, de Concepción del Uruguay, inició una investigación preliminar y pidió a Prefectura Naval Argentina tomar muestras periódicas del agua para contar con datos propios sobre el estado ambiental del río.
El temor compartido por vecinos, ambientalistas y funcionarios gira en torno al uso intensivo de agua, los posibles impactos sobre la biodiversidad, y el efecto visual y paisajístico que una instalación de este tipo puede tener sobre las costas entrerrianas.
Un modelo a seguir o un punto de inflexión
Aunque Uruguay mantiene el proyecto en pie, la decisión de revisar su diseño y buscar consenso bilateral representa una señal clara de que el desarrollo energético en la región no puede hacerse de espaldas a las comunidades vecinas.
Por ahora, la empresa HIF Global deberá presentar nuevos estudios de impacto ambiental, ajustados a los cambios exigidos. El gobierno uruguayo, por su parte, mantiene conversaciones abiertas con sus pares argentinos, buscando evitar una escalada diplomática y garantizar que este proyecto, considerado estratégico para el futuro energético del Cono Sur, pueda avanzar sin generar conflicto.
“La infraestructura energética es tan estratégica como la producción misma. Pero no puede ser una imposición unilateral, debe ser una construcción compartida”, expresaron desde Argentina.
Este episodio revela algo más profundo: la necesidad urgente de definir reglas comunes para la instalación de infraestructuras energéticas de gran escala en zonas de frontera, con enfoque binacional, ambiental y participativo.
La transición energética exige nuevos proyectos, pero también nuevas formas de gobernanza. Uruguay y Argentina tienen aquí una oportunidad de dar un paso en esa dirección.
