Especialistas pidieron que se ordene al Estado Nacional instrumentar las acciones correspondientes para detener el cese del gravísimo daño que generan, desde hace años, flotas industriales.

   Varios expertos en los recursos marinos, junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un «amparo colectivo ambiental» ante la Corte Suprema de la Nación para “frenar la pesca ilegal y depredadora” en la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus áreas adyacentes.

   Pudo saberse que la Corte dio intervención a la Procuración General de la Nación para que dictamine si, como lo sostienen la asociación y el coaccionante, doctor Pablo Ferrara, el máximo tribunal tiene competencia originaria para tramitarla.

   La demanda pretende que se ordene al Estado Nacional realizar acciones “a fin de obtener el cese del gravísimo daño ambiental que genera la actividad sistemática de pesca ilegal y depredadora desarrollada durante años por flotas industriales en nuestra Plataforma Continental, en la Zona Económica Exclusiva y en su área adyacente, y su impacto en el mar”.

La imagen muestra la pesca de buques nacionales y extranjeros dentro y fuera del “Mar Argentino”.

   Los demandantes señalaron que esa actividad “amenaza letalmente el desarrollo sostenible y la existencia y de varias especies marinas, entre ellas la del calamar” que es “capturada y depredada ilegalmente, con total impunidad, por flotas pesqueras extranjeras con peligro para su existencia y debida reproducción”.

   El escrito inicial del expediente caratulado “Ferrara, Pablo y Otro c/Estado Nacional s/Amparo Ambiental”, con el número 281/2021, advirtió que “la sobrepesca de los calamares representa una amenaza para todo el ecosistema, incluidas las poblaciones vulnerables de cetáceos”.Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo

   “En aguas soberanas bajo control del Estado Nacional se está gestando un desequilibrio al ecosistema a través de una práctica ilegal, depredatoria y prescindente de toda concepción geocéntrica o ambientalista”.

   Los especialistas, en su presentación, señalaron que la actividad de pesca de especies marinas como calamar, escalandrún, caballito de mar, delfín franciscana, gatuzo (Mustelus Schmitti y Fasciatus), así como de otras especies, está altamente regulada y casi completamente prohibida.

   El accionar delictivo de buques extranjeros se vio incrementado de manera exponencial en los últimos 10 años. Sin embargo, Prefectura Naval Argentina reconoce en su página web llevar capturados solo 80 buques en 34 años, es decir, poco más de dos por año.

   Se ha calculado que el volumen total de la pesca ilegal, llevada a cabo por unos 300 buques extranjeros, llega a 500.000 a 1.000.000 toneladas al año de recursos pesqueros. 

   Con respecto al Illex Argentinus, y en términos económicos, equivale a una pérdida aproximada de USD 818.5 millones (el PBI de la Provincia de Tierra del Fuego).

   El amparo, en sus fundamentos, también puso de manifiesto que la  República Argentina no ha coordinado de forma íntegra una política pesquera regional con los otros Estados aledaños, específicamente Uruguay y Brasil.

   Tampoco se establecieron acuerdos dichas naciones para que estos puedan tomar medidas que impidan, o al menos no faciliten la pesca ilegal. 

   Estos deberían de ser tenidos en cuenta ya que, en la mayoría de los casos, los barcos extranjeros restablecen combustible en Uruguay.

   Finalmente, expone que no se realizaron denuncias ante organizaciones internacionales, como la ONU o la OEA, o reclamos a los países de los que son dichas flotas (China, Taiwán, Corea, España, etc.). Fuente: La Nueva

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