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El Gobierno Nacional ha oficializado la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCYL S.A.), marcando un nuevo retroceso en la participación del Estado en el sistema ferroviario de cargas. Mediante el Decreto 67/2025, la administración de Javier Milei dispuso la venta del material rodante a través de remates públicos y la concesión de vías e infraestructura bajo el régimen de concesión de obra pública, permitiendo que el sector privado tome control absoluto del servicio.
La medida, que se presenta como una apuesta a la «eficiencia y competitividad», omite el impacto que esta privatización puede generar en la logística nacional y en las economías regionales.
Con la transferencia de la infraestructura ferroviaria al sector privado, surgen interrogantes sobre la continuidad del servicio en aquellas rutas de menor rentabilidad y sobre el acceso a tarifas justas para pequeños y medianos productores.
En el pasado, las privatizaciones ferroviarias en Argentina han demostrado que cuando el negocio deja de ser rentable para los operadores privados, los ramales quedan abandonados y las localidades más alejadas pierden su conexión con los principales centros de producción y exportación.
La fragmentación del sistema ferroviario de cargas, separando unidades de negocio y permitiendo la venta de material rodante a distintos operadores, podría profundizar la falta de integración del sistema y hacer inviable su desarrollo estratégico a largo plazo.
El plan de privatización también prevé la concesión de los talleres ferroviarios, lo que plantea dudas sobre el futuro de los trabajadores del sector. Sin un plan de reconversión o reinversión en la industria ferroviaria nacional, existe el riesgo de una mayor precarización laboral y el cierre de establecimientos clave para el mantenimiento y expansión del sistema.
El Estado Nacional, al abandonar su rol en el sistema ferroviario de cargas, cede a los intereses privados la posibilidad de decidir qué tramos se mantienen operativos y cuáles quedan en el olvido, generando una mayor dependencia del transporte de carga por camión, con el consecuente aumento de costos logísticos y de impacto ambiental.
Más allá de las promesas de «eficiencia», la historia reciente demuestra que la privatización del sistema ferroviario en Argentina ha estado marcada por falta de inversiones y abandono de infraestructura. ¿Quién garantizará que esta vez sea diferente?
