El gobierno ha emitido el Decreto 299/2023, que introduce modificaciones significativas en las concesiones portuarias de Puerto Nuevo – Buenos Aires. La medida, que deroga el anterior Decreto N° 870 de 2018, establece que habrá un llamado a licitación para el funcionamiento de dos terminales. Además, como lo vienen solicitando los sindicatos, garantiza la continuidad de los puestos de trabajo.
Por Ariel Armero
El nuevo decreto delega en el Ministerio de Transporte, a cargo de Diego Giuliano, liderar el “llamado a licitación pública nacional e internacional para otorgar en concesión de uso y operación dos terminales, denominadas Terminal Interior y Terminal Exterior, en Puerto Nuevo – Buenos Aires”. Asimismo, se enfatiza la importancia de asegurar la continuidad operativa de Puerto Nuevo – Buenos Aires durante el período de transición y hasta la asunción de los nuevos concesionarios.
La Administración General de Puertos, que comanda José Beni, se encargará de garantizar esta continuidad operativa, así como el mantenimiento de todas las fuentes laborales de los trabajadores y trabajadoras actualmente sujetos a convenio colectivo de trabajo, tanto en las Terminales Portuarias como en las empresas prestadoras de servicios portuarios.
Este último punto fue un reclamo de la FeMPINRA, que encabeza Juan Carlos Schmidt, y motivo de un compromiso público del ministro Diego Giuliano cuando se desactivó una medida de fuerza que se había convocado para exigir la derogación del artículo, cosa que finalmente sucedió hoy.
En relación con las concesiones existentes en las Terminales números 1, 2, 3 y 4 de Puerto Nuevo – Buenos Aires, se instruye a la Administración General de Puertos a realizar las adecuaciones necesarias para asegurar los objetivos mencionados anteriormente durante el período de transición.
Estas modificaciones se llevarán a cabo bajo el principio del mantenimiento del equilibrio de la ecuación económica financiera contractual, y cualquier acuerdo alcanzado deberá ser ratificado por el Ministerio de Transporte.
Con esta medida – expone el decreto- se busca garantizar las fuentes de trabajo, evitando el monopolio en manos extranjeras del principal puerto de contenedores del país y potenciando la competitividad del puerto.
Este proceso se llevará a cabo bajo riesgo empresario y sin aval del Estado, y se buscará garantizar la competencia mediante instrumentos que prohíban la integración horizontal y restrinjan la posibilidad de integración vertical a una sola de las dos futuras concesiones.
En un comunicado del Ministerio de Transporte, manifiesta que “con esta decisión, el Gobierno nacional logró enmendar un decreto de la gestión anterior que, además de monopolizar la operatoria para un solo operador, no garantizaba las fuentes laborales”.
Además, agrega el comunicado, “A partir de ahora, con la publicación del decreto 299/2023, se corrige esto y así el Ministerio de Transporte de la Nación avanzará en la aprobación de los pliegos, llamado a licitación y posterior adjudicación del uso y operación de dos terminales, interior y exterior, del Puerto Buenos Aires, manteniendo los puestos de trabajo”.
El nuevo decreto que ya fue publicado en el Boletín Oficial y entra en vigencia, afirma que “Estas medidas buscan promover una gestión eficiente de las terminales portuarias, garantizando la competitividad y el resguardo de los empleos en el sector. El gobierno se compromete a impulsar el desarrollo de la actividad portuaria y fortalecer el comercio exterior del país”.
