Julián Suárez, quien desempeñaba el cargo de Director de Control y Fiscalización Pesquera, presentó su renuncia indeclinable al Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Suárez, con una trayectoria de 15 años en el sector pesquero, deja su cargo en medio de una controversia que involucra presiones de la Cancillería, liderada por Diana Mondino, supuestamente a favor de intereses empresariales chinos en la industria pesquera.
La renuncia se produce tras la intervención de un alto funcionario de la Cancillería en el caso del buque Tai An, propiedad de Liu Zhijiang, un empresario chino residente en Tierra del Fuego y dueño de la empresa Prodesur. El Tai An fue sorprendido pescando ilegalmente 163 toneladas de merluza negra, una especie altamente codiciada y regulada, en una zona prohibida del Mar Argentino.
Según fuentes cercanas al caso que hablaron con diferentes medios de prensa, Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realizó una llamada con tono fuerte e intimidatorio cuestionando el procedimiento contra el Tai An y ordenando que el barco no regresara a puerto. Esta acción ha sido interpretada en el sector pesquero como una intromisión indebida y un intento de proteger los intereses del empresario Liu Zhijiang a expensas de la legislación argentina y la conservación marina.
El caso ha generado amplias críticas por parte de expertos y ambientalistas, quienes ven en este incidente un claro ejemplo de las presiones políticas y económicas que enfrenta la regulación pesquera en Argentina. La merluza negra es una especie de alto valor, con un precio que puede alcanzar hasta USD 30.000 por tonelada, siendo Argentina un país con una cuota anual de pesca de 3.700 toneladas en el Mar Argentino. La captura ilegal de 163 toneladas por parte del Tai An pone en riesgo no solo el ecosistema marino sino también la economía y el marco legal establecido para la pesca sostenible en el país.
Este acontecimiento marca un momento crítico que pone en relieve los desafíos que enfrenta el gobierno en materia de gobernanza ambiental y regulación pesquera. La renuncia de Julián Suárez subraya la necesidad mantener la vigencia de la Ley de Pesca, que incluye políticas y mecanismos de control para proteger los recursos naturales de Argentina y garantizar una pesca responsable y sostenible.
