En medio de una licitación de la Vía Navegable Troncal que sigue atravesada por disputas sobre los oferentes y la continuidad del proceso, Santa Fe intenta tener más protagonismo en el centro de la hidrovía e instalar en paralelo otro eje de debate: el del control de la futura concesión y el lugar que tendrán las provincias ribereñas en ese esquema.
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Hoy, el eje principal del debate sigue estando en la licitación. La apertura de sobres, las presentaciones técnicas, las observaciones entre empresas y las definiciones sobre la continuidad de los oferentes siguen marcando el pulso de la agenda. La controversia entre competidores y los pedidos de descalificación cruzados muestran que el proceso todavía atraviesa una fase de alta sensibilidad institucional y técnica.
Pero, al mismo tiempo, empezó a tomar forma otra discusión que Santa Fe busca empujar con fuerza: la del futuro esquema de control de la concesión. Un debate que empieza a ganar densidad institucional mientras avanza el proceso licitatorio. Allí, la provincia intenta posicionarse para que el órgano de fiscalización no quede reducido a una instancia formal, sino que tenga capacidad técnica, acceso real a la información y participación efectiva de las jurisdicciones ribereñas.
Santa Fe intenta abrir otro frente en la discusión sobre la hidrovía
El planteo santafesino tomó visibilidad tras la reunión convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para avanzar en la conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal. Según informó oficialmente la ANPYN, en ese encuentro participaron entidades empresarias usuarias del sistema y representantes de provincias ribereñas, con coincidencias en torno a la necesidad de un consejo “robusto” y con capacidad técnica, que reciba información de la autoridad de aplicación y pueda formular propuestas.
Sobre esa base, Santa Fe salió a marcar posición con una lectura propia del momento. En un comunicado oficial publicado el 19 de marzo, el gobierno provincial sostuvo que busca “un protagonismo real” en la vía troncal y que el futuro órgano de control debe evitar estructuras burocráticas ineficientes. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reafirmó esa línea, mientras que el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, puso el acento en la necesidad de que el control se apoye en información concreta y no se convierta en una formalidad vacía.
La señal política es clara: Santa Fe no quiere discutir solamente la futura concesión desde el lugar de provincia interesada, sino también desde el diseño del esquema de seguimiento que acompañará al próximo operador. Para una jurisdicción que concentra una parte central del entramado portuario y agroexportador argentino, el control de la hidrovía aparece también como una cuestión de competitividad y de capacidad de incidencia sobre una infraestructura decisiva.
El control de la hidrovía empieza a ganar espacio, aunque no desplaza el eje principal
El punto de equilibrio en esta etapa es importante. Hoy, el eje principal del debate sigue estando en la licitación. La apertura de sobres, las presentaciones técnicas, las observaciones entre empresas y las definiciones sobre la continuidad de los oferentes siguen marcando el pulso de la agenda. La propia cobertura rosarina de las últimas horas muestra que la controversia empresaria sigue siendo uno de los capítulos más activos del proceso.
Sin embargo, junto con esa discusión principal, empieza a asomar otra conversación de fondo: cómo se controlará la futura concesión una vez adjudicada. En esa conversación, Santa Fe busca ganar centralidad y empujar una visión según la cual el control no puede ser meramente decorativo, sino una herramienta con efectos concretos sobre costos logísticos, funcionamiento del sistema y calidad institucional.
Ese intento de abrir otro frente no aparece aislado. Rosario3 informó que existe acuerdo entre el Gobierno nacional y usuarios empresarios para que el órgano de control de la concesión esté listo antes de la adjudicación. El medio también señaló que la Bolsa de Comercio de Rosario y CIARA presentaron una propuesta concreta de funcionamiento, con criterios sobre representación sectorial y rol de la secretaría ejecutiva.
Información técnica y capacidad real de fiscalización
Uno de los núcleos del planteo santafesino pasa por la información. Jorge Henn sostuvo que sin información el control se vuelve “meramente formal”, y esa frase resume bastante bien el punto que la provincia quiere instalar. La discusión no sería solo quién integra el consejo, sino qué datos recibe, cómo se procesan, con qué regularidad circulan y de qué manera pueden transformarse en propuestas o alertas concretas sobre el funcionamiento de la vía navegable.
En esa línea, Santa Fe planteó la necesidad de una gobernanza de datos que permita al futuro órgano trabajar con evidencia técnica y no quedar atrapado en disputas políticas o representaciones vacías. El objetivo, según el comunicado provincial, es construir capacidades reales de control que se traduzcan en menores costos logísticos y en mejoras directas para la competitividad de los puertos santafesinos.
Ese enfoque encuentra además un respaldo más amplio. La ANPYN informó que en la reunión del 18 de marzo coincidieron entidades como la UIA, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras, en la necesidad de un consejo con fortaleza técnica. Es decir, el reclamo por un órgano con acceso a información y capacidad profesional no proviene solamente de una provincia, sino que también es compartido por actores empresarios que usan el sistema.
Más allá del dragado
Otro aspecto relevante del planteo santafesino es que busca ampliar el alcance del futuro órgano de control. La provincia remarcó que la fiscalización no debería limitarse a las obras de dragado, sino incorporar también las condiciones de seguridad del sistema troncal. En ese sentido, propuso integrar formalmente a la Prefectura Naval Argentina y a equipos técnicos especializados.
Ese punto es significativo porque desplaza la idea de control desde una mirada centrada solo en la obra hacia una supervisión más integral del funcionamiento de la vía navegable. No se trataría únicamente de verificar tareas de dragado y señalamiento, sino también de observar variables de seguridad operativa y de desempeño general del sistema. En términos políticos e institucionales, Santa Fe intenta que el futuro consejo nazca con densidad técnica y no como una estructura de bajo impacto.
Provincias ribereñas y poder de incidencia
El tercer eje fuerte de la posición provincial es el protagonismo ribereño. Santa Fe sostiene que las provincias directamente vinculadas con la vía navegable deben tener una participación efectiva en el organismo de control. En su comunicado, incluso planteó que esa participación debería ser vinculante y propuso que la Secretaría Ejecutiva del órgano tenga sede en Rosario, una localización que considera estratégica por concentrar gran parte del movimiento logístico y exportador del país.
Ese pedido revela algo más profundo que una puja por representación. Lo que está en discusión es cuánto peso tendrán las provincias en el seguimiento de una concesión que impacta de lleno sobre sus puertos, sus economías regionales y sus cadenas logísticas. En ese sentido, Santa Fe intenta convertir una posición provincial en un debate institucional más amplio sobre federalismo operativo, acceso a la información y capacidad de control sobre la futura hidrovía concesionada.
Una discusión que se abre en paralelo
La discusión sobre la Vía Navegable Troncal no dejó de estar dominada por la licitación. Ese sigue siendo el frente principal, con controversias empresarias, observaciones técnicas y decisiones pendientes sobre los oferentes. Pero, junto con ese debate, empieza a abrirse otro plano menos visible y también estratégico: el del control de la futura concesión.
Es en ese terreno donde Santa Fe busca ganar protagonismo. No porque haya desplazado el eje central del proceso, sino porque advierte que el futuro de la hidrovía no dependerá solo del contrato que finalmente se firme, sino también de la calidad del esquema institucional que deba supervisar su cumplimiento. Allí, la provincia intenta instalar la idea de que controlar no puede ser un gesto formal: debe ser una herramienta técnica, con información, con capacidad de incidencia y con presencia real de los territorios ribereños.
