La Prefectura Naval Argentina cerró esta semana su participación en GALAPEX IV 2026, el ejercicio multinacional realizado en Ecuador que reunió a organismos de distintos países para entrenar capacidades conjuntas de vigilancia y control frente a la pesca ilegal INDNR —no declarada y no reglamentada— y otros delitos vinculados al ámbito marítimo. La organización ecuatoriana había convocado a 19 países para esta cuarta edición del ejercicio, que concluyó hoy con las actividades de cierre.
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Para la Argentina, la participación tuvo un valor específico: la Prefectura llegó a GALAPEX con décadas de experiencia operativa en el seguimiento de flotas pesqueras extranjeras que rondan el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, uno de los puntos más sensibles del control pesquero regional. Esa trayectoria —vigilancia satelital, información marítima y despliegue operativo combinados en un mismo sistema— fue la que la institución puso sobre la mesa durante los escenarios de entrenamiento, compartiendo procedimientos y criterios con el resto de los países participantes.
Un problema que ningún país resuelve solo
La pesca INDNR se mueve por definición fuera de las jurisdicciones nacionales, y ahí está el nudo que GALAPEX buscó destrabar: ni la vigilancia satelital ni el patrullaje aislado alcanzan cuando la flota que se persigue cambia de bandera, de zona o directamente apaga sus sistemas de identificación al cruzar un límite. El ejercicio simuló justamente ese tipo de situaciones —inspecciones de buques, coordinación de operaciones, comunicaciones entre centros de mando de distintos países— para que las respuestas nacionales dejen de operar en compartimentos estancos.
La Prefectura sumó a esos escenarios su experiencia en identificación de comportamientos sospechosos y análisis de información marítima, dos capacidades que en el Atlántico Sur se pusieron a prueba en no pocas ocasiones frente a buques extranjeros que operan cerca del límite de la ZEE argentina.
La pesca ilegal como puerta de entrada a otros delitos
Uno de los ejes que GALAPEX IV instaló con más fuerza fue tratar la pesca INDNR no como un fenómeno aislado sino como parte de un cuadro más amplio de amenazas al dominio marítimo. Un buque que pesca sin autorización en aguas ajenas es, para los servicios de inteligencia marítima, un buque de interés por otros motivos también: la misma opacidad que le permite evadir controles pesqueros puede servir para otras actividades ilícitas.
La Prefectura llegó a ese debate con una carta particular: es a la vez Autoridad Marítima, fuerza de seguridad, policía judicial y organismo de protección ambiental, todo en una misma institución. Esa concentración de roles —que en otros países se reparte entre varias agencias— le permitió aportar una mirada integrada sobre cómo cruzar datos de distintas fuentes para identificar un mismo buque de interés bajo varias hipótesis a la vez.
Construir una imagen operacional común
El otro eje central del ejercicio fue la interoperabilidad: que un radar en Ecuador, un reporte de inspección en otro país y una alerta satelital en un tercero terminen armando una sola imagen de la situación marítima, en vez de tres fotos sueltas. GALAPEX puso a prueba justamente esa integración, con instituciones de distintos países operando sobre información compartida en tiempo real.
Para una fuerza acostumbrada a vigilar un espacio marítimo tan extenso como el argentino, el aporte en este punto fue concreto: sistemas de seguimiento de buques y capacidad de análisis pensados para escala, que sirvieron de base para orientar los medios disponibles hacia los casos que realmente requieren intervención, en lugar de dispersar recursos en falsos positivos.
Proyección regional, con la mira puesta en la próxima edición
Con el cierre de GALAPEX IV, la Prefectura reafirmó su lugar como referencia regional en control pesquero y seguridad marítima, y sumó a su haber el intercambio de procedimientos con otras autoridades que —tarde o temprano— vuelven a cruzarse con las flotas que operan en el Atlántico Sur.
La convocatoria a 19 países en esta edición confirma que la región avanza hacia mecanismos cada vez más comunes de intercambio de información, más allá de que cada Estado siga controlando sus propias aguas.
