La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) abrió el 15 de septiembre el plazo de consulta pública sobre un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental de puertos y vías navegables, formalizado mediante la Resolución 57/2026.
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El plazo para observar el proyecto vence a fines de septiembre y ya corre en paralelo con la primera obra de profundización de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal.
La norma no cambia todavía nada en la práctica —recién entra en régimen de observaciones, con 15 días hábiles para que empresas y organismos presenten propuestas—, pero fija por primera vez un criterio para diferenciar, con un mismo instrumento, una reparación menor de una obra capaz de modificar el fondo de un canal.
Un puntaje para medir el impacto ambiental de cada obra portuaria
El corazón de la propuesta es lo que la ANPYN llama Sistema Polinómico de Puntuación de Incidencia Ambiental: una fórmula que asigna valores según el tipo de obra, su magnitud, la sensibilidad ambiental del entorno, los materiales involucrados y los riesgos operativos, y que arroja un puntaje que define directamente qué trámite deberá atravesar el proyecto. La escala tiene tres tramos:
- 0 a 21 puntos — incidencia baja. Alcanza con una declaración jurada. Entran acá tareas rutinarias como reposición de defensas o pilotes sin cambios estructurales, inspecciones técnicas y obras menores de mantenimiento.
- 22 a 41 puntos — incidencia moderada. El titular presenta un estudio concentrado en los impactos relevantes, las medidas de mitigación específicas y un Plan de Monitoreo y Gestión Ambiental (PMGA) proporcional a la obra.
- 42 puntos o más — incidencia alta. Rige el procedimiento ordinario completo: línea de base ambiental, análisis de riesgos, planes de contingencia y una instancia de participación pública.
La ANPYN se reserva además la facultad de apartarse del puntaje resultante cuando detecte condiciones particulares de localización o impactos no contemplados en la fórmula —una salvedad que conviene tener presente, porque significa que el puntaje orienta pero no cierra la discusión.
¿Dónde queda el dragado de todos los días?
Para las terminales, la pregunta práctica es dónde cae su operación habitual. El régimen distingue con cuidado el dragado de mantenimiento —que no necesariamente escala de categoría— de los trabajos que profundizan, ensanchan o modifican canales existentes, donde sí empiezan a pesar variables como el tipo de sedimento, si el material dragado se reubica dentro del espejo de agua o se dispone fuera de él, y si hay antecedentes de contaminación.
La apertura de un canal nuevo, las grandes ampliaciones de terminales, los rellenos costeros y las instalaciones para sustancias peligrosas quedan directamente anotados como candidatos a incidencia alta.
¿Cómo afecta en la operativa?
Dos puntos del proyecto tienen consecuencias operativas concretas, más allá del trámite en sí. El primero es la vigencia escalonada de los Certificados de Aptitud Ambiental: dos años para las obras de incidencia alta, cuatro para las moderadas y seis para las de baja incidencia, siempre que se cumplan las condiciones fijadas en la evaluación.
El segundo es el tratamiento de lo que ya existe: las obras con estudios ambientales o PMGA vigentes no tienen que rehacer el procedimiento desde cero, pero sus responsables tienen un plazo máximo de un año para adecuarlos a las nuevas reglas. Si no lo hacen, el proyecto lo dice sin rodeos: no se renueva el Certificado de Aptitud Ambiental, lo que abre la puerta a medidas de fiscalización.
Ese último punto es el que conviene mirar con más atención en el sector, sobre todo porque el nuevo esquema no llega en un momento cualquiera: apenas cinco días antes de la apertura de esta consulta, Vía Navegable Argentina —el consorcio que tomó la concesión de la Vía Navegable Troncal — asumió formalmente la operación del corredor, con un programa de profundización y modernización que va a tener que convivir con estas mismas categorías apenas queden aprobadas.
La letra chica que más le importa a un operador
Para las terminales y operadores del resto del sistema portuario, el mensaje es más directo: conviene revisar desde ahora en qué tramo del puntaje caería cada obra propia, antes de que termine la consulta sobre el impacto ambiental de puertos y vías navegables.
La ANPYN tomó como antecedente el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la VNT expuesto en la audiencia pública de noviembre de 2025, donde se registraron 136 exposiciones de organismos, universidades, cámaras y asociaciones profesionales —una base que sugiere que el proyecto sometido a consulta no es un borrador improvisado, sino la sistematización de un debate que el sector ya viene dando.
