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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a través de la Resolución 59/2025, el organismo aprobó el procedimiento de la Audiencia Pública Informativa realizada el 3 de noviembre y validó el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental, documentación que —según la propia ANPyN— constituye un insumo técnico indispensable para elaborar los nuevos pliegos.
De acuerdo con lo informado por el gobierno, la audiencia convocada mediante la Resolución 48/2025 tenía carácter exclusivamente informativo y fue diseñada “para asegurar la participación temprana y el acceso a la información”, en línea con la Ley 25.831 y el Acuerdo de Escazú.
La ANPyN aclara que el propósito no era evaluar impactos de obras nuevas ni emitir autorizaciones ambientales, sino poner a disposición pública los antecedentes y estudios vinculados a la gestión ambiental vigente de la VNT.
La agencia también señala que esta instancia participativa era un requisito procedimental necesario para avanzar hacia la licitación, conforme al marco establecido por el Decreto 1172/2003 y por los lineamientos portuarios definidos por los Decretos 699/24, 709/24 y 3/25.
Contenido del Informe Final y lineamientos oficiales
El Informe Final de la audiencia —elaborado por el Área de Implementación— reunió todas las manifestaciones presentadas, incluso aquellas de carácter no ambiental. La ANPyN especifica en la resolución que se registraron todas las intervenciones, pero que se desestimarán aquellas que contradigan la política portuaria vigente, criterio que ya había sido expresado en documentos anteriores del organismo.
En varios pasajes, la resolución subraya que la continuidad operativa de la VNT y la regularidad del dragado constituyen servicios esenciales para la navegación y el comercio exterior, y que la información ambiental recopilada será la base técnica para los próximos pliegos y para la futura normativa ambiental pendiente de dictado.
Un paso formal dentro del proceso de concesión
La ANPyN destaca que la VNT es una “obra pública de singular magnitud”, y que durante la transición hacia un modelo concesionado “a riesgo empresario y sin aval del Estado” el organismo mantendrá la obligación de asegurar funcionamiento normal, control ambiental y mejora continua.
Con la aprobación del procedimiento y del informe ambiental, la agencia cierra la etapa preparatoria y ratifica que los aportes ciudadanos serán considerados “en el sentido previsto en la resolución” en el diseño de las bases y condiciones de la licitación. El movimiento consolida las condiciones necesarias para lanzar el proceso licitatorio y marca un nuevo capítulo en la redefinición del esquema de gestión de la Vía Navegable Troncal.






