El dictamen que habilita el biocombustible marítimo y el SAF como nuevos productos de exportación ya tiene la firma de ambas comisiones. Ahora la pelea es por el calendario: veinte entidades le piden al Senado que no lo deje dormir camino al recinto.
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El Ciudad de Rosario, el buque de paseo que durante décadas surcó el Paraná frente a la ciudad y hoy se restaura en el astillero Fluvimar, quedó en la corta lista de candidatos para navegar con biodiésel producido en las plantas santafesinas de Essential Energy Holding, en Puerto General San Martín y Roldán.
La prueba todavía está en preparación, pero resume en un solo caso lo que el complejo portuario del Up-River viene insinuando desde hace meses: el biocombustible marítimo dejó de ser una curiosidad técnica y empezó a disputar un lugar real en la matriz de combustibles de la Hidrovía.
Esta semana esa demanda subió un escalón. Veinte instituciones del sector agroindustrial, energético y académico —de Barbechando a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, pasando por CARBIO, CIARA, la Bolsa de Comercio de Rosario y las cámaras azucareras del NOA— le pidieron a la Cámara de Senadores, en una carta fechada el 8 de septiembre en Buenos Aires, que trate y apruebe cuanto antes el dictamen sobre el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, expediente S-809/26.
El texto ya tiene media vuelta dada: un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda lo firmó el jueves pasado, después de meses de cuarto intermedio entre proyectos que iban de Patricia Bullrich a Jorge Capitanich. Lo que falta es el recinto, y ahí apunta la carta.
¿Qué cambia en el surtidor?
El dictamen reforma la Ley 27.640 y toca varios frentes a la vez:
- Cortes obligatorios más altos: el bioetanol sube del 12% al 15% y el biodiésel del 7,5% al 10%, ambos a los doce meses de sancionada la ley, no de forma inmediata.
- Piso para las pymes: un cupo mínimo del 3% reservado a elaboradoras no integradas, con un tope del 10% de participación por empresa para frenar la concentración del negocio en los grandes exportadores.
- Comercialización centralizada: la mezcla obligatoria deberá negociarse en un mercado electrónico único, con subastas transparentes y operado por un organismo con experiencia en productos energéticos y agropecuarios.
- Apertura condicionada: se habilita la importación libre de biocombustibles cuando falte oferta local, pero lo que cubre el corte obligatorio sigue reservado a plantas habilitadas en el país y materia prima nacional.
A eso se suma el objetivo declarado de dar quince años de previsibilidad regulatoria a las inversiones —contra los ocho años y medio que le quedan de vida a la 27.640, vigente hasta 2030— aunque conviene no confundir ese horizonte con el plazo, más acotado, que el propio dictamen otorga a las pymes para completar su reconversión técnica.
SAF y biocombustible marítimo, la letra chica que mira al río
El punto que más le importa al Up-River no es el corte del surtidor, sino la incorporación explícita del combustible de aviación sostenible y el biocombustible naval como segmentos nuevos del régimen.
Aviación y transporte marítimo enfrentan compromisos internacionales de descarbonización que hoy no tienen respuesta normativa en la Argentina, y el dictamen les abre la puerta justo cuando el terreno ya está movido: YPF y Essential Energy invierten US$400 millones en la ex refinería de San Lorenzo para producir SAF con destino a Europa, Estados Unidos y Brasil a través de Santa Fe Bio. Mientras que el biodiésel marino de Puerto General San Martín y Roldán busca clientes de cabotaje como el propio Ciudad de Rosario. Para las terminales de Rosario, San Lorenzo y Timbúes, la ley no crearía un mercado desde cero: le pondría marco legal a uno que ya empezó a moverse.
El consenso, sin embargo, no es total. El radical Fernando Salino ya anticipó que presentará un dictamen de minoría porque considera que el texto no responde al reclamo de fondo de las pymes biodieseleras, que temen quedar corridas por los grandes operadores integrados pese al cupo del 3%. La carta de las veinte entidades no menciona esa disputa interna del sector; solo pide velocidad legislativa.
¿Quienes firman la petición al Senado?
La lista de firmantes explica por qué esta carta pesa más que un simple comunicado de cámara: reúne a bolsas de cereales, entidades del biodiésel y el bioetanol, el sector azucarero y hasta el mundo académico bajo una misma demanda. Firman: Barbechando, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio del Chaco y la Bolsa de Comercio de Rosario.
A los que se suman el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Alcoholes, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara de Bioetanol de Maíz, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Productora y Expendedora de Biocombustibles (BIOPYME).
Completan la nómina Cañeros Unidos del Este, la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba, el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Coninagro, Maizar, la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Pocas veces el campo, la industria azucarera y una universidad pública coinciden en el mismo reclamo al Senado.
