La Liga Bioenergética busca elevar los cortes de bioetanol y biodiésel y redefinir la competencia en el mercado de naftas y gasoil
Redacción GlobalPorts
En el marco de un debate energético cada vez más ligado a la soberanía productiva y la transición hacia fuentes más limpias, la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por jurisdicciones productoras de caña de azúcar, maíz y soja, presentó una propuesta para reformular la Ley de Biocombustibles vigente (N.º 27.640). Su objetivo es claro: dar mayor protagonismo al bioetanol y al biodiésel en la matriz energética nacional y ampliar la participación de las economías regionales en un sector dominado por los combustibles fósiles.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y sectores agroindustriales que ven en los biocombustibles una oportunidad concreta para industrializar la producción primaria, generar empleo local y reducir importaciones de energía. Al mismo tiempo, la propuesta se enfrenta a resistencias dentro del propio gobierno y entre empresas vinculadas al sector petrolero.
Un nuevo marco con foco en competencia y transparencia
El proyecto de ley propone elevar los cortes obligatorios en las mezclas con combustibles fósiles. Para las naftas, el porcentaje de bioetanol subiría del 12 % actual al 15 %, con la posibilidad de incrementarse gradualmente en los próximos años. En el caso del gasoil, el corte de biodiésel pasaría del 7,5 % al 15 %, también de manera progresiva.
Pero el cambio más relevante es estructural: la nueva ley busca reemplazar el sistema de cupos y precios administrados por el Estado por un esquema de licitaciones públicas y competencia abierta entre productores privados. De esta forma, el precio de referencia quedaría vinculado a la paridad de importación, lo que en teoría evitaría que los biocombustibles sean más caros que sus equivalentes fósiles.
El proyecto también contempla un mercado libre por encima del corte obligatorio, habilitando el uso voluntario de mezclas mayores, el desarrollo de vehículos flex fuel y la aplicación de biocombustibles en otros modos de transporte, como el marítimo o fluvial. Estas iniciativas podrían abrir un nuevo frente logístico, especialmente para el transporte regional y de cabotaje.
Un debate que refleja las tensiones del federalismo energético
La propuesta fue recibida con entusiasmo por los gobiernos provinciales y por los productores del norte y centro del país, que ven en los biocombustibles una herramienta clave para agregar valor en origen. Sin embargo, las diferencias con la postura del Ejecutivo nacional son notorias.
El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, advirtió que los aumentos de corte propuestos “no cuentan aún con consenso suficiente” y podrían provocar un alza de hasta un 10 % en el precio final de los combustibles. El Gobierno impulsa, en cambio, un esquema más gradual: llevar el corte de biodiésel al 10 % en 2027 y avanzar hacia una liberalización plena recién hacia 2031 o 2032.
Las pymes del sector del biodiésel también han manifestado preocupación. Consideran que un mercado de licitaciones podría favorecer a las plantas de gran escala, concentradas cerca de los puertos del Gran Rosario, desplazando a los productores regionales del norte y sur del país. Desde el sector advierten que una apertura sin mecanismos de protección podría acentuar la concentración industrial y agravar los desequilibrios logísticos.
El desafío de equilibrar eficiencia, equidad y transición energética
En términos macroeconómicos, los defensores del proyecto destacan que el impulso a los biocombustibles reduce la dependencia de importaciones de gasoil y naftas, mejora la balanza comercial energética y genera empleo en regiones agroindustriales. También subrayan su papel en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en el cumplimiento de los compromisos internacionales de descarbonización.
Sin embargo, persisten desafíos técnicos y financieros: los costos de producción de biocombustibles dependen fuertemente de los precios internacionales de los granos, los márgenes de industrialización y la disponibilidad de financiamiento para nuevas plantas. Además, la infraestructura logística —oleoductos, terminales y transporte terrestre— deberá adaptarse para manejar mayores volúmenes de combustibles alternativos.
El debate también involucra al sector automotor, que plantea dudas sobre la compatibilidad técnica de mezclas más altas con los motores actuales, y al sistema impositivo, que aún no reconoce plenamente las ventajas fiscales de los biocombustibles frente a los derivados del petróleo.
Una transición en construcción
Por ahora, el proyecto no ha logrado consenso en el Senado, donde el plenario de comisiones decidió abrir un cuarto intermedio para armonizar posiciones. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una propuesta alternativa más gradualista. La posibilidad de unificar ambos enfoques en una “ley de consenso” se presenta como la vía más probable para evitar que el debate quede estancado.
Lo cierto es que la discusión trasciende la cuestión técnica. La nueva ley podría redefinir la relación entre energía, producción y territorio en Argentina, devolviendo protagonismo a las provincias productoras en el diseño de la política energética nacional.
Mientras el mundo avanza hacia una transición donde los combustibles limpios y la seguridad energética se vuelven ejes estratégicos, Argentina enfrenta el desafío de construir una matriz equilibrada que combine competitividad, federalismo y sostenibilidad. Los biocombustibles, en ese contexto, podrían dejar de ser un complemento para transformarse en un pilar de la política energética del siglo XXI.
