El gobernador Maximiliano Pullaro presentó al canciller Pablo Quirno evidencia científica, técnica y económica para refutar la clasificación de la Unión Europea que considera a la soja un insumo de «alto riesgo». La restricción amenaza exportaciones por hasta USD 390 millones anuales y unos 2.000 puestos de trabajo en la provincia.
GlobalPorts | Economía y Comercio Exterior
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió con el canciller argentino Pablo Quirno en la sede de la Cancillería en Buenos Aires para presentar un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial.
El documento busca sustentar la posición argentina frente a las restricciones impuestas por la Unión Europea (UE) al biodiésel de soja, derivadas de la clasificación de esta oleaginosa como insumo de «alto riesgo» de cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC, por sus siglas en inglés).
De la reunión también participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz. El dossier será incorporado a la presentación técnica que la Cancillería realizará en Bruselas en el marco de las negociaciones bilaterales en curso.
Qué dice el dossier y por qué cuestiona a la Unión Europea
El informe, elaborado por equipos técnicos provinciales, reúne datos científicos, económicos y productivos que buscan demostrar que la clasificación europea de la soja como cultivo de «alto riesgo ILUC» carece de sustento empírico aplicado a la realidad argentina. Según explicó Puccini, el documento refuta punto por punto los criterios del Reglamento europeo 2019/807, cuya última revisión —publicada a comienzos de febrero por la Comisión Europea— equiparó por primera vez a la soja con el aceite de palma.
Entre los argumentos centrales del dossier se destaca que la superficie sembrada con soja en Argentina no ha crecido, sino que registra una tendencia descendente desde hace más de una década.
También se señala que los modelos de ILUC utilizados por la UE se basan en proyecciones teóricas con altos márgenes de incertidumbre, y no en impactos medibles verificados sobre el territorio argentino. En Santa Fe, los datos revelan que la proporción de áreas boscosas se mantuvo prácticamente estable entre 2008 y 2024.
El impacto económico para Santa Fe y el país
La restricción al biodiésel de soja tiene consecuencias directas para Santa Fe, provincia que concentra cerca del 80% de la producción nacional y es el principal polo agroindustrial del país. Según estimaciones del sector, la pérdida en exportaciones podría alcanzar los USD 390 millones anuales, dado que la Unión Europea es actualmente el único destino de exportación relevante para este producto: en 2025, el 100% del biodiésel exportado por Argentina tuvo al bloque europeo como destino.
El impacto no se limita al comercio exterior. Solo por la caída del intercambio con Europa, Santa Fe podría perder más de USD 100 millones en recaudación fiscal. A eso se suman cerca de 2.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos que dependen del complejo del biodiésel de soja en la provincia.
Una amenaza que va más allá del biodiésel
Desde el Gobierno de Santa Fe advierten que la clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» no se limita al biodiésel: al estigmatizar la materia prima desde su origen, la normativa podría sentar un precedente que en el corto plazo restrinja el ingreso al mercado europeo de otros productos clave del complejo agroindustrial argentino, como la harina, el aceite y el poroto de soja. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.
En esa línea, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, calificó la reunión como positiva y sostuvo que la medida de la UE carece de base científica y técnica, operando en la práctica como una barrera comercial encubierta.
El acuerdo Mercosur-UE y la respuesta del sector privado
La controversia en torno al biodiésel de soja se produce en un momento de particular sensibilidad diplomática: el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea acaba de ser ratificado, y sus disposiciones incluyen la eliminación progresiva de obstáculos técnicos al comercio.
Desde el sector privado, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) calificaron la clasificación ILUC como «una barrera injustificada al comercio» y ya preparan acciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática conjunta. La estrategia contempla presentaciones técnicas ante la Comisión Europea, acciones bilaterales en el marco del acuerdo Mercosur-UE y, de no prosperar una solución negociada, una eventual denuncia ante la OMC.
