Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, expuso la parálisis total de la industria del biodiesel en Argentina desde una planta detenida en el Gran Rosario y destacó que Argentina importa el biodiesel que podría producir.
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El dirigente identificó dos causas: los aranceles de la Unión Europea sobre el biodiesel argentino y una legislación interna que impide comercializar el producto en el mercado doméstico a precio competitivo. La reforma de la Ley 27.640 es, según el sector, la condición necesaria para reactivar la actividad.
La industria del biodiesel en Argentina enfrenta una parálisis que abarca la totalidad de sus plantas. Así lo señaló Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), desde las instalaciones de una de las plantas de mayor capacidad del mundo, ubicada en el Gran Rosario. «No solamente esta fábrica de biodiesel está cerrada, sino que, además, todas las otras fábricas están cerradas«, afirmó el dirigente.
Dos factores explican el cierre
Idígoras identificó causas externas e internas. En el plano externo, los aranceles aplicados por la Unión Europea sobre el biodiesel argentino redujeron las exportaciones de forma sostenida. Los envíos al exterior pasaron de más de 1.800 millones de litros en los años pico a 437 millones en 2024, según datos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).
En el plano interno, la Ley 27.640 —sancionada en 2021— es el eje del reclamo sectorial. La norma establece restricciones que impiden a las grandes plantas integradas participar del corte obligatorio de biodiesel en el gasoil para el mercado local. Eso deja al sector sin acceso efectivo tanto al mercado externo como al interno.
Capacidad instalada ociosa frente a importaciones activas
El sector opera actualmente con alrededor del 30% de su capacidad. El 70% restante, equivalente a una producción potencial de 4,5 millones de toneladas anuales, permanece sin uso. En paralelo, Argentina continúa importando gasoil para cubrir su demanda energética.
CIARA señala esa situación como una contradicción de política sectorial: existe infraestructura productiva disponible, pero el marco regulatorio impide utilizarla para sustituir importaciones.
Santa Fe concentra alrededor del 85% de la capacidad instalada nacional de biodiesel. El impacto de la parálisis recae, por tanto, sobre esa provincia y sobre la cadena logística y portuaria del Gran Rosario.
La reforma de la ley, en el centro del debate
Idígoras fue directo al plantear la salida: «Es imprescindible cambiar la ley». Una reforma habilitaría a las plantas a vender en el mercado argentino, retomar exportaciones y generar valor agregado sobre la producción de aceite de soja. El dirigente señaló que 58 países cuentan con marcos normativos que fomentan la mezcla obligatoria de biocombustibles, y que ninguno aplica restricciones equivalentes a las de la ley argentina vigente. Brasil e Indonesia fueron citados como referencias de políticas de corte progresivo que permitieron expandir su industria.
En el Congreso, la Comisión de Industria y Comercio del Senado tiene en análisis al menos dos proyectos de reforma. Uno proviene de la Liga Bioenergética —integrada por Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy y Salta— y propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en gasoil del actual 7,5% al 15% en forma gradual. El otro, impulsado por el oficialismo, apunta a la liberalización de precios y a permitir la libre competencia entre todos los productores en el mercado interno.
Implicancias para la cadena logística y portuaria
Para el sector portuario y de logística, la activación de la industria del biodiesel en el Gran Rosario tendría efectos directos. Mayor producción implica mayor movimiento de insumos, mayor utilización de la infraestructura instalada y menor presión sobre las importaciones de combustible. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que llevar los cortes al 15% tendría un costo fiscal adicional equivalente al 0,02% del PBI en 2026.
El debate legislativo está abierto. CIARA y el conjunto del sector agroexportador presionan para que la reforma avance antes de que la ventana de oportunidad en los mercados internacionales de biocombustibles se estreche aún más.
