El tratamiento de residuos patológicos y los reempadronamientos periódicos generan costos adicionales y riesgos operativos. El sector plantea alternativas para mejorar eficiencia sin debilitar los estándares sanitarios ni regulatorios.
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El sistema fluvial argentino enfrenta desafíos que no siempre se perciben a simple vista. Más allá de los factores macroeconómicos y del estado de la infraestructura, existen normas específicas que, según operadores del sector, generan efectos no deseados sobre los costos y la previsibilidad de la actividad.
Dos casos recientes —residuos patológicos y reempadronamientos obligatorios— permiten observar cómo ciertas reglas pueden terminar restringiendo la competencia o creando incertidumbre.
La intención de los actores privados no es eliminar regulaciones, sino ajustarlas para que cumplan sus objetivos sin generar barreras operativas innecesarias. A partir de ese enfoque surge una agenda de mejoras posibles.
Residuos patológicos: el impacto de un requisito que redujo la competencia
Una resolución del SENASA estableció que los lugares de tratamiento de residuos patológicos vinculados a la actividad fluvial deben contar con un horno de respaldo además del principal. Aunque la medida busca garantizar continuidad operativa y seguridad sanitaria, en la práctica redujo drásticamente el número de empresas habilitadas.
En la región de Rosario, este requisito derivó en un escenario de competencia mínima: solo una empresa cumple con la doble infraestructura exigida. Según operadores del sector, los costos del servicio se incrementaron de manera significativa, con tarifas que pueden superar los USD 3.600 por tratamiento y recargos adicionales en caso de excedentes o servicios de fin de semana.
Quienes trabajan diariamente en la vía navegable señalan que “el problema no es la exigencia sanitaria, sino el modo en que quedó configurada la regulación, que terminó consolidando un mercado extremadamente reducido”.
Existen otras empresas con capacidad técnica y habilitaciones parciales, pero no pueden ofrecer el servicio completo porque el requisito del segundo horno actúa como una barrera de ingreso.
La propuesta del sector es avanzar hacia un esquema que mantenga los estándares sanitarios —incluyendo la esterilización por autoclave y los controles de SENASA— pero permita que más operadores calificados compitan en las mismas condiciones. Más competencia implicaría precios más razonables y menores costos para los armadores.
Reempadronamientos: el costo de la incertidumbre
Otro punto que genera preocupación es la exigencia periódica de reempadronamientos por parte de distintos organismos, incluyendo la ANPyN. Cada proceso implica volver a presentar documentación que ya figura en sistemas municipales, provinciales o nacionales, lo que multiplica tiempos, trámites y costos administrativos.
A esto se suma un elemento menos visible pero más sensible: la inseguridad jurídica. Desde el sector plantean que “la necesidad de volver a validar habilitaciones cada vez que cambia una gestión pública introduce dudas sobre inversiones que requieren previsibilidad a largo plazo”.
Un reempadronamiento mal implementado o una demora en su resolución puede afectar la continuidad operativa de empresas con altos costos hundidos.
Las alternativas que propone el sector no apuntan a eliminar controles, sino a modernizarlos: digitalizar certificaciones, unificar bases de datos y reducir la frecuencia de reempadronamientos salvo en casos en que existan modificaciones sustantivas de la actividad.
Problemas visibles, soluciones posibles
Ambos casos comparten un trasfondo común: regulaciones diseñadas con criterios técnicos válidos, pero cuya implementación generó efectos no deseados en términos de competencia y previsibilidad.
Como señalan operadores del sector, “el desafío no es elegir entre control o eficiencia; el desafío es diseñar regulaciones que permitan mantener ambos”.
Un abordaje equilibrado —mantener estándares sanitarios, simplificar procesos y habilitar mayor competencia— permitiría mejorar la estructura de costos del sistema fluvial sin renunciar a la protección ambiental ni a la seguridad operativa.
En un contexto donde la eficiencia logística será clave para recuperar dinamismo, revisar estas regulaciones aparece como una oportunidad para fortalecer la competitividad del sector y sostener su crecimiento a largo plazo.
