La ANPyN fijó los cuatro sectores del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal (VNT) y dio diez días corridos para cerrar los cupos que quedaron abiertos.
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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dejó armada la mesa donde el Estado, las provincias y los usuarios van a seguir de cerca la operación de la Vía Navegable Troncal. Mediante la Resolución 59/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el director ejecutivo Iñaki Miguel Arreseygor definió quiénes integran cada uno de los cuatro sectores del Consejo de Control, el espacio creado el 7 de agosto por la Resolución 47/2026 para monitorear una concesión que ya tiene adjudicatario desde el 18 de junio.
El Consejo nace como un ámbito de seguimiento, análisis e intercambio de información sobre la operación, el desarrollo y el desempeño de la vía navegable. Su estatuto lo divide en provincias, usuarios, áreas técnicas y sociales, y Autoridad de Aplicación y Control. La resolución confirma ahora quién ocupa cada banca, con un asiento todavía por definir.
¿Cómo quedó repartido el Consejo de la VNT?
La integración definida por la ANPyN es la siguiente:
- Provincias (seis): Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires. Chaco, que también había recibido la invitación el 26 de agosto, no figura entre las adhesiones.
- Usuarios del sistema (seis): Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera, Unión Industrial Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (en representación de los productores), Cámara de Puertos Privados Comerciales y Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, que habla por los armadores y operadores del Tramo Norte.
- Áreas técnicas y sociales (cuatro): el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Prefectura Naval Argentina, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.
- Autoridad de Aplicación y Control (uno): la Gerencia de Coordinación Técnica de la propia ANPyN.
Son diecisiete asientos en total, y el sector de usuarios es el que tiene más movimiento por resolver.
El casillero que sigue vacío
La invitación a los usuarios fue más amplia que la integración final. La ANPyN convocó también a Coninagro, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina para que definieran quién representaría a los productores; la entidad elegida fue CRA. Para el Tramo Norte, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay y LHG Mining, además de la Comisión Permanente, estaban en la convocatoria, y la que quedó como representante es la Comisión Permanente.
El casillero que sigue abierto es el del Tramo Sur. La Cámara Naviera Argentina, el Centro de Navegación, APM Terminals y MSC Mediterranean Shipping Company se adhirieron al Consejo, pero todavía no resolvieron cuál de ellos hablará en nombre de los armadores y operadores de esa sección del río. La resolución les da diez días corridos para informar la entidad que los representará.
Diez días para nombrar apoderados
El plazo de diez días corridos también corre para todos los miembros: el artículo 3 los intima a designar sus apoderados y representantes, tal como lo establece el artículo 4 del estatuto. La ANPyN lo plantea como el paso que falta para hacer operativo el funcionamiento del Consejo, una vez vencidas las invitaciones y su prórroga.
La resolución no fija fecha para una primera reunión, de modo que el calendario del Consejo dependerá de cuándo se completen las designaciones. La Secretaría Ejecutiva del órgano y el Servicio Jurídico permanente de la Agencia ya tomaron la intervención que les corresponde.
Una vía que mueve el 80% de las exportaciones
La norma recuerda por qué el tablero importa. La Vía Navegable Troncal reúne cerca de sesenta terminales portuarias a lo largo de su cauce y es la ruta fluvial por la que sale aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas.
El tramo concesionado va desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en el punto llamado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales del Río de la Plata exterior, a la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio. El Estado lo licitó bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, con la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del balizamiento y del dragado a cargo del concesionario.
