El consorcio que perdió la preadjudicación de la Vía Navegable Troncal no presentó una impugnación formal dentro del plazo habilitado. En cambio, envió una carta a Caputo sobre la VNT, la copió a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la distribuyó a medios de prensa. El documento cuestiona el piso tarifario del pliego y plantea condiciones alternativas.
GlobalPorts | Vías Navegables
Cuando el Gobierno anunció la preadjudicación de la licitación de la Vía Navegable Troncal al consorcio Jan de Nul–Servimagnus, el proceso entró en su última instancia formal. Se abrió un plazo de siete días corridos para que cualquier parte presentara impugnaciones. Es el mecanismo establecido por el propio pliego. DEME NV no lo utilizó. En cambio, el 5 de junio —un día después del anuncio oficial— envió una carta al ministro Luis Caputo y la distribuyó simultáneamente a medios de prensa. Esa decisión es, en sí misma, un dato a analizar.
Dos caminos, una elección
La impugnación formal obliga a argumentar dentro del marco del proceso licitatorio. Implica plazos acotados, requisitos documentales y una resolución administrativa que queda registrada. Es el canal establecido para las objeciones de los oferentes.
La carta al ministro no tiene ese encuadre. Es una comunicación política dirigida a la máxima autoridad económica del país. Tiene copia al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno.
También al secretario de Estado Marco Rubio, al subsecretario Christopher Landau y al director sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Patrick R. Nelson. Se suma el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian J. Mast, entre otros. Y además fue difundida a los medios de prensa.
El consorcio está integrado por DEME NV, KKR, Great Lakes Dredge & Dock y Clear Street Investment Banking. La carta lleva las firmas de los representantes de cada empresa.
El argumento tarifario como palanca
El contenido del documento gira en torno al piso tarifario del pliego. DEME sostiene que esa restricción —fijada en $5,78/NRT— le impidió ofrecer su propuesta más competitiva. Afirma que ese valor es artificialmente elevado. Propone una tarifa máxima de $4,77/NRT, un 17,4% por debajo del piso vigente. Sumada a la rebaja del 15% anticipada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, el resultado sería una reducción total de aproximadamente el 30% para los usuarios. En términos nominales, el consorcio estima un ahorro de al menos USD 2.500 millones a lo largo de los 25 años de concesión.
La dimensión geopolítica
La carta asegura contar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos a la oferta de DEME. Menciona también el interés de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) en participar del proyecto. La nómina de destinatarios en Washington refuerza ese encuadre. El consorcio no apela a la legalidad del proceso sino a su peso político y a la relación bilateral Argentina-Estados Unidos como argumento de presión.
Esa dimensión convierte a la carta en algo más que una objeción técnica. Es una señal dirigida simultáneamente al Gobierno argentino y a la opinión pública del sector, en un momento en que la adjudicación definitiva está a días de concretarse.
Lo que el proceso dice
El dictamen de preadjudicación consigna que el proceso fue monitoreado en todas sus instancias por la UNCTAD. Ningún oferente presentó impugnaciones durante las evaluaciones. La Justicia rechazó todas las denuncias que intentaron frenar el proceso. Ese historial hace más llamativa la elección de DEME: el canal formal existe, está vigente y, hasta el día de hoy, no fue utilizado.
Si la carta deriva en alguna presentación administrativa o judicial, el proceso podría extenderse. Lo mismo si el Gobierno emite algún pronunciamiento. Por ahora, la adjudicación definitiva de la concesión de la VNT —una de las obras de infraestructura logística más importantes de la Argentina— sigue su curso.
