Redacción GlobalPorts
En el marco del programa especial de GlobalPorts Canal, conducido por Ariel Armero, el abogado especializado en derecho administrativo y gerente de GlobalPorts, Diego Bercholc, ofreció un análisis detallado sobre el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que introduce transformaciones profundas en la regulación del cabotaje, la marina mercante, la industria naval y las relaciones laborales vinculadas al transporte marítimo y fluvial.
“Estamos ante un decreto que funciona como una mini ley ómnibus sectorial, porque modifica no solo una, sino varias normas estructurales que rigen el transporte por fluvial y marítimo en la Argentina. Esto abre un debate complejo, con impactos que no serán únicamente económicos, sino también judiciales, sindicales, políticos e institucionales.”
Un paquete normativo ambicioso
Bercholc explicó que el DNU no se limita a una sola cuestión, sino que abarca múltiples dimensiones. Modifica el Decreto-Ley de Cabotaje N°19.492, la Ley de Navegación N°20.094, la Ley de Régimen Laboral N°25.877, la Ley de Promoción de la Industria Naval N°27.418 y la Ley de Desarrollo de la Marina Mercante N°27.419.
“El diagnóstico que hace el gobierno es que hay una crisis terminal: costos operativos cuatro veces superiores al promedio internacional, pérdida de competitividad, y una marina mercante reducida en un 80% desde 1991. Frente a esto, el DNU plantea una desregulación y apertura a la competencia en el mercado, con el fin de ganar mayor competitividad”.
Nuevo régimen de excepción y cese provisorio de bandera
Uno de los cambios centrales es la instauración de un Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, que establece la posibilidad de que los armadores pidan el cese provisorio de bandera y registren temporalmente sus buques en registros extranjeros, manteniendo no obstante la matrícula nacional y pudiendo reingresar de modo automático a los 10 años o en cualquier momento a requerimiento del armador.
El beneficio es que “los buques adheridos al régimen de excepción con cese provisorio de bandera podrán regir los contratos de ajuste de su personal por la legislación laboral extranjera del país donde estén registrados, excluyendo los convenios colectivos y el régimen laboral argentino. Esto abre la puerta a contrataciones bajo condiciones que podrían reducir costos laborales, pero también genera serias dudas sobre su constitucionalidad, dado que la Ley de Contrato de Trabajo es de orden público y se aplica con un criterio de territorialidad respecto al lugar donde se ejecuta el contrato. Esto por lo tanto va a generar probablemente una serie de impugnaciones ante la justicia laboral, que podrían poner en stand by la aplicación de la reforma”.
La norma excluye de este régimen de excepción a los buques afectados a la actividad pesquera, al transporte de pasajeros con menos de 500 toneladas de registro bruto y a actividades deportivas o recreativas.
Otro de los puntos que se modifican tiene que ver con la determinación de la tripulación necesaria para operar los buques. Hasta ahora, la autoridad competente establecía las dotaciones mínimas a bordo y los gremios tenían un rol preponderante en la sugerencia de personal. Ahora la definición de la tripulación estará en cabeza del armador, si bien la ANPyN podrá establecer lineamientos generales y pautas técnicas no obligatorias y los gremios podrán sugerir listados de personal habilitado no vinculantes. “El decreto fortalece la libertad de contratación del armador, que podrá determinar la tripulación necesaria y decidir si toma o no las sugerencias gremiales. Incluso, con la reforma al art. 143° de la Ley de Navegación, con una simple declaración jurada podrá justificar el empleo de personal extranjero, apartándose del piso del 75% de tripulación argentina para maestranza y marinería.” Esto modifica un equilibrio que históricamente tenía fuerte presencia sindical, generando un nuevo escenario de negociación laboral.
Apertura del cabotaje: fin de la exclusividad de los buques nacionales
El DNU permite que el cabotaje nacional —hasta ahora reservado solo a buques argentinos— pueda ser realizado por buques con cese de bandera provisorio, por buques extranjeros arrendados a casco desnudo con tratamiento de bandera nacional o por buques extranjeros por excepción, por 180 días y sin necesidad de acreditar circunstancias excepcionales sino la indisponibilidad de buques nacionales.
“Esto supone una desregulación y apertura del mercado, que podría beneficiar a las provincias del norte argentino, donde la oferta de bodega fluvial proveniente de Paraguay podría integrarse mejor, haciendo escalas y cargando mercadería local.” Además, el decreto amplía los casos en que los buques extranjeros arrendados a casco desnudo pueden obtener tratamiento de bandera nacional, incluyendo nuevas embarcaciones para el transporte de cargas sin propulsión, remolcadores menores a 5.000 caballos de fuerza y embarcaciones de transporte de pasajeros con menos de 5000 TRB. También se extienden los plazos de antigüedad que pueden tener estos buques (de 10-15 años a 20 años). “Todas estas medidas apuntan a ampliar la oferta de flota disponible para reducir costos y aumentar la competitividad, cuestiones que históricamente reclamaba el sectorial armatorial y que podrían beneficiar a sectores industriales y consumidores argentinos, aunque también podría suponer el fin definitivo de la marina mercante de bandera nacional.”
Servicios esenciales y derecho de huelga: tensiones constitucionales
El decreto además declara como servicio esencial a diversas actividades, entre ellas el transporte fluvial y marítimo de cargas y los servicios portuarios, como el dragado, balizamiento, remolque, estiba y desestiba, etc., además de los servicios aduaneros y migratorios, imponiendo la obligación de garantizar un 75% de prestación mínima respecto a la prestación normal. “Esto impacta directamente sobre el derecho de huelga, que es un derecho de raigambre constitucional. Seguramente traerá impugnaciones judiciales sobre su validez constitucional, que recaerán sobre la legalidad de la vía del DNU, la existencia de necesidad y urgencia y la razonabilidad de la afectación del derecho laboral involucrado.”
Bercholc mencionó el antecedente del “fallo Verrocchi” de la CSJN, que establece que un DNU solo puede avanzar sobre materias legislativas si el Congreso está impedido de sesionar o si hay una urgencia tal que impida el trámite ordinario de sanción de leyes. Además, el propio Máximo Tribunal recientemente declaró inconstitucionales normas similares incluidas en el Decreto 70/24 por idénticos motivos.
Impactos legales y políticos: el debate apenas empieza
Bercholc destacó que los impactos del decreto no son solo económicos o empresariales. Hay un terreno político abierto: “La semana pasada un grupo de diputados encabezados por Marcela Paso y Diego Giuliano presentó un pedido de nulidad del decreto en el Congreso. Habrá que ver cómo avanza el debate, porque para que un DNU quede vigente alcanza con que una sola cámara no se expida expresamente en contra, pero el debate político y judicial seguramente será intenso.”
“El gobierno reconoce problemas que son reales: la caída de la Marina Mercante, la falta de flota, la pérdida de competitividad, los sobrecostos que pagan los cargadores y consumidores. Pero la gran pregunta es si esta vía escogida es el remedio adecuado o si esto puede significar el golpe final para la Marina Mercante Nacional y lesionar seriamente derechos laborales de los trabajadores.”
Desde GlobalPorts, Ariel Armero adelantó que la próxima semana se realizará un programa especial dedicado a escuchar a todas las voces del sector: armadores, gremios, expertos y autoridades. “Queremos abrir el debate con todas las miradas, porque esto no es solo un tema técnico: es una cuestión estratégica para el país.”
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