Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, afirmó que la llegada del remolcador europeo “ALP Striker” de la petrolera Oiltanking Ebytem, “es una violación a la Ley de Cabotaje”.
El Centro de Patrones pide transparencia y seguimiento en el proceso de exención de cabotaje, instando a una evaluación honesta de las capacidades técnicas locales frente a las extranjeras. Además, Morenoadvierte sobre las consecuencias más amplias de tales decisiones gubernamentales, acusando al gobierno de complicidad en el incumplimiento de leyes nacionales y de desmantelamiento del sistema administrativo federal.
La controversia surge en torno a la solicitud de la firma Oiltanking Ebytem para el remolcador europeo “ALP Striker”, con bandera de Países Bajos, que zarpó desde el Puerto de Las Palmas, España, el pasado 16 de febrero.
El remolcador fue contratado para asistir en la recuperación operativa de la monoboya Punta Ancla en el Puerto de Rosales (Bahía Blanca). Esta infraestructura es crucial para el abastecimiento de crudo a través de una cañería submarina hacia las refinerías en La Plata.
A pesar de la presentación de una exención de cabotaje (waiver) por parte de la empresa, que argumenta especificaciones técnicas únicas del remolcador europeo, el Centro de Patrones sostiene que se trata de un “engaño millonario” que excluye a trabajadores y empresas locales del proceso sostuvo el Capitán Moreno, de acuerdo a lo publicado en InfoGremial.
Según el sindicato, este acto constituye una violación directa a la Ley 19.492 de Cabotaje, que estipula que solo embarcaciones argentinas pueden ejercer la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional.
Moreno expresó su preocupación no solo por la exclusión de recursos nacionales, como la grúa argentina Magnus IX, que previamente había realizado trabajos similares, sino también por las implicaciones económicas y soberanas de tal decisión. Según el Secretario del Centro de Patrones, esta acción del gobierno refleja una tendencia “extranjerizante” y un desinterés por la soberanía nacional, ya que los pagos al remolcador extranjero implican una fuga de divisas.
“Yo quiero ver si la cuestión técnica es real en la operación y que la grúa argentina Magnus IX no pueda hacer el trabajo por una falta de capacidad de elemento y no por una estafa y engaño de la Ley de Cabotaje”, “nos está vendiendo de a pedazos” y que “a diario vemos que la administración del Estado está acéfala en áreas claves, y los pocos funcionarios que están no tienen la potestad resolutiva que necesita el país para producir”, advirtió el líder gremial.
Este caso ha encendido las alarmas entre los gremios del sector, provocando una reacción enérgica en defensa del trabajo argentino y la legislación de cabotaje. El Centro de Patrones se posiciona firmemente contra lo que consideran una transgresión a los principios de soberanía y justicia laboral, comprometiéndose a seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos y a defender los intereses de los trabajadores y empresas nacionales.
