En una movida sin precedentes y destinada a generar fuerte polémica, el presidente Javier Milei ha enviado al Congreso un proyecto de ley conocido como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en el cual se destacan 41 empresas públicas sujetas a privatización.
El listado dado a conocer, esta encabezado por la Administración General de Puertos, actualmente a cargo de la Hidrovia y del puerto Buenos Aires. La AGP deberá previamente pasar de ser una Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima a los efectos de su pase al sector privado.
Entre las empresas se destacan varias del sector como Talleres Navales Dársena Norte, el principal astillero de Argentina, la aerolinea de bandera, Aerolineas Argentinas, y los ferrocarriles como Ferrocarriles Argentinos, Corredores Viales y Belgrano Cargas y Logistica, entre otras empresas del sector.
Entre las compañías mencionadas se encuentran otras destacadas empresas como YPF, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina y la agencia de noticias Télam. Este proyecto, según argumenta el gobierno en sus fundamentos, busca concentrar las funciones esenciales del Estado, generar competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas.
El artículo 8 del Capítulo II del Título II declara específicamente “sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado” a las empresas de propiedad estatal, permitiendo al Poder Ejecutivo Nacional llevar a cabo la enajenación de las participaciones accionarias en empresas privadas.
El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que entrará en vigor en los próximos días, marca un cambio significativo al modificar el “status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades”. Esta medida ha generado controversia y ha llevado a múltiples acciones legales en su contra.
Javier Milei, quien ya había expresado su intención de privatizar empresas estatales durante la campaña electoral, insiste en esta dirección. Las empresas públicas sujetas a privatización incluyen a la Administración General de Puertos, Corredores Viales, Ferrocarriles Argentinos, y Belgrano Cargas y Logística, entre otras.
Este proyecto también busca modificar disposiciones específicas, derogando el artículo 35 de la Ley N° 24.804 y sustituyendo el artículo 37 de la misma ley para permitir la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, a cargo de la Central Nuclear de Atucha, entre otras medidas.
La propuesta enfrenta resistencia y debate en diversos sectores de la sociedad y el ámbito judicial.
El listado completo
Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.
También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.
A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín”; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.
Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.
