El Decreto de Necesidad y Urgencia aprobado por el gobierno desmantela pilares clave de la Ley de Promoción de la Industria Naval y habilita que las reparaciones y construcciones se realicen en el exterior. Para el sector, es una decisión que destruye capacidades productivas estratégicas y traslada empleo y valor agregado fuera del país.
Por Ariel Armero, GlobalPorts//
El DNU 340/2025, firmado por el gobierno, no solo reconfigura la marina mercante y el cabotaje nacional. También produce un fuerte impacto sobre la industria naval argentina, al derogar artículos centrales de la Ley 27.418 y habilitar que buques con matrícula argentina —o con tratamiento de bandera nacional— puedan ser reparados, transformados o construidos fuera del país, sin ningún incentivo para acudir a astilleros nacionales.
La medida se presenta bajo el argumento de “mejorar la competitividad”, pero para las empresas del sector y los gremios industriales, representa un abandono del rol estratégico de la industria naval dentro del modelo logístico argentino.
Astilleros en todo el país, con futuro incierto
La industria naval argentina cuenta con más de 80 astilleros y talleres navales activos en todo el país. Construyen y reparan remolcadores, barcazas, buques de carga fluvial, dragas, pontones, embarcaciones logísticas y lanchas de servicios. Muchos de ellos trabajan con tecnología nacional, generan empleo calificado y tienen encadenamientos productivos con proveedores metalmecánicos, de electrónica, ingeniería y pintura naval.
Sin embargo, la nueva normativa abre el mercado a reparaciones y transformaciones en el exterior, sin prever mecanismos compensatorios. También permite importar buques usados de hasta 20 años, reduciendo aún más la demanda local. “El decreto favorece el arrendamiento a casco desnudo y no exige construir en Argentina. La conclusión es clara: desaparece el mercado interno para la industria naval”, advierte un referente de un astillero nacional.
Los armadores nacionales que ingresen al nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante podrán operar con bandera extranjera por hasta diez años y recurrir libremente a astilleros foráneos, incluso si mantienen el estatus de buque “argentino” para fines tributarios o logísticos.
Esto significa que una embarcación con tratamiento de bandera argentina podrá ser reparada en Uruguay o Brasil, sin penalización, mientras los astilleros nacionales quedan inactivos.
Sin política industrial, no hay desarrollo marítimo
Lo paradójico es que el decreto se presenta como un plan para “revitalizar la marina mercante nacional”, pero le quita a la industria naval cualquier rol en ese proceso. En lugar de fomentar la articulación entre flota, astilleros y formación profesional, el DNU rompe ese ecosistema y deja a los actores más pequeños librados a una competencia desigual.
“El mundo entero está recuperando su industria naval por razones estratégicas. Nosotros hacemos lo contrario: externalizamos la construcción, el empleo y la capacidad industrial, como si el país no tuviera astilleros ni técnicos calificados”, sostuvo un dirigente de la Cámara Santafesina de la Industria Naval.
La industria naval no necesita privilegios, pero sí necesita políticas de incentivo, estabilidad regulatoria y una visión de largo plazo. El DNU 340/25, en cambio, abre el mercado sin reciprocidad, debilita el entramado productivo nacional y margina al sector de cualquier rol relevante en la nueva configuración logística del país.
El resultado podría ser una mayor dependencia de servicios extranjeros, pérdida de empleo industrial, fuga de divisas y la desaparición de una industria que forma parte del capital estratégico argentino.
