Lo confirmaron fuentes gremiales, las que señalaron que el acuerdo incluyó otra mejora del 25 por ciento en dos tramos desde enero, con revisión en julio o agosto, lo que implicará desde mañana el levantamiento del paro luego de 21 días consecutivos.

La Federación Aceitera y el gremio de la actividad de Puerto San Lorenzo (SOEA) acordaron con la cámara empresaria un 10 por ciento de aumento salarial adicional para 2020, lo que totaliza una mejora del 35 por ciento anual, y el pago de una gratificación de 70.200 pesos y de un bono de 90 mil pesos en 9 cuotas de 10 mil pesos.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) anunció hoy que, tras veinte días de paro, se alcanzó un acuerdo con los sindicatos aceiteros en la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, para el levantamiento de las medidas de fuerza que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial.

Se privilegió la paz social como objetivo empresarial, en virtud de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los mismos trabajadores y la Nación, además de que la Argentina pasó a ser un proveedor poco confiable a nivel internacional. Adicionalmente, la metodología aplicada de la toma de plantas en algunas zonas portuarias resultó una acción ilegal y peligrosa.

El acuerdo alcanzado consiste en un 35% de aumento salarial en 2020, un Bono anual igual al salario del 2020 que incluye el aumento del 35% sobre el 2019, un Bono pandemia excepcional de $ 90.000 en 9 cuotas para los que trabajaron durante la Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), un ajuste salarial para 2021 de 25% en dos tramos y revisión salarial en agosto con aplicación del índice de precios al consumidor para culminar 2021.

CIARA instó a que el esfuerzo económico conduzca al trabajo mancomunado y sin conflictos que desemboquen en una merma importante de competitividad con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, así como exportaciones con menor agregado nacional. Cada punto de participación cedido a los países competidores exportadores, significa un impacto negativo en toda la economía argentina, con mayores restricciones para los sectores más necesitados en un contexto de recesión.